A media mañana, y tras una votación pública por llamamiento, el 11 de junio de 2014 quedaba resuelto el entramado institucional para hacer efectiva la decisión que Juan Carlos I había trasladado días atrás a la sociedad española: su deseo de abdicar tras 40 años de reinado.
El proyecto de Ley Orgánica por la se que hacía efectiva su renuncia y cesión de la Corona salió adelante con 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. La norma, de artículo único, preveía su entrada en vigor en el momento de su publicación en el BOE. De esa fecha, el 19 de junio de 2014, se cumplen ahora diez años.
Es por ello, que en el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, Demócrata recupera el debate y la tramitación de la ley orgánica que armó constitucionalmente la sucesión de la Jefatura del Estado y de la que participaron el Gobierno y el principal partido de la oposición.
Una decisión solo del Rey
Como consecuencia de la «excepcionalidad» de la jornada fue el propio Mariano Rajoy el encargado de defender el proyecto por parte del ejecutivo. No obstante, el presidente dedicó varios minutos de su intervención a resaltar la «naturalidad» en la que había que enmarcar este trámite dentro del sistema: «El Rey ya ha presentado su abdicación, los españoles la conocen, ahora lo que aguardan es a que nosotros la habilitemos y pueda iniciarse el proceso sucesorio».
Proceso del que el monarca hizo participe desde el inicio a Alfredo Pérez Rubalcaba, por entonces Secretario General de los socialistas. Quien durante aquellos meses antepuso la estabilidad del Estado a los conflictos internos de su partido tras los malos resultados de las elecciones europeas de 2014.
Rubalcaba, en línea con la postura mantenida por Rajoy, señaló que con aquel debate el Congreso se limitaba «a aceptar formalmente una decisión que es solo del Rey». El portavoz de los socialistas planteó retóricamente ante sus Señorías dos cuestiones: ¿Podría esta Cámara no hacer esta ley? y ¿Puede esta Cámara votar no a una ley que recoge la voluntad expresada libremente por el Rey?
Ambas preguntas tenían un no por respuesta pues como defendió: «comportaría el dislate de que esta Cámara le dijera al Rey que debe seguir siéndolo aunque él no quiera».
Ante las críticas al PSOE por no priorizar sus confesadas preferencias republicanas, Rubalcaba respondió (entre aplausos de su bancada) con varias citas del histórico dirigente y diputado constitucional Luis Gómez Llorente: «Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella».
Junto a los diputados populares y socialistas, votaron también a favor de la norma los parlamentarios de UPyD. A pesar del sí de su grupo, Rosa Díez crítico «la improvisación que parece haber rodeado un proceso de tantísima importancia» y llegó a calificar la ley de «telegrama».
El debate de fondo
La decisión del Gobierno y el principal partido de la oposición de apostar por normalizar y enmarcar este trámite en el funcionamiento continuado de las instituciones «como un síntoma de estabilidad y de madurez democrática» no fue compartida por otros grupos de la Cámara.
A pesar de las advertencia de Rajoy, «la forma política de Estado no está en el orden del día de esta sesión del Congreso de los Diputados» y de Rubalcaba, «esta Cámara puede discutir de todo, pero debe quedar claro aquello a lo que estamos diciendo sí o no. No vamos a votar la sucesión, eso ya lo votamos cuando aprobamos la Constitución», partidos como el PNV consideraban que el tiempo de «los parches legales» se había acabado.
En estos términos se expresó su portavoz Aitor Esteban: «Aunque a algunos les gustaría que la ley fuera un mero trámite revestido de pompa y boato posterior de manera que el debate fuera inexistente, todos sabemos que hoy aquí está sobre el tapete algo más que todo eso: está en juego fijar la posición de cada grupo ante la forma de gobierno constitucional»
Los abertzales se decantaron por la abstención tras hacer un llamamiento a la reforma constitucional para la modernización de la monarquía y el reconocimiento como sujeto político de la nación vasca.
La oposición de las minorías
En la abstención también se situaron CiU y Coalición Canaria (CC), ambos socios habituales de los distintos gobiernos de PP y PSOE, que sin embargo, en esta ocasión se mostraron muy críticos con el bipartidismo.
Para algunos sectores, la llegada al trono de Felipe VI era la oportunidad de una nueva Transición. Bajo este pretexto Josep Antoni Durán i Lleida, lamentó que «las fuerzas mayoritarias de la Cámara» expulsaran de esa nueva historia a CiU que había llegado a tener un ponente constitucional en 1978: «No es una cuestión puramente territorial (…) una cuestión formal».
La formación catalana hacía en términos globales un balance positivo del reinado de Juan Carlos I, «agradecimiento que también -nadie se acuerda de ella- quiero expresar a una mujer, a la Reina Sofía», añadió Durán i Lleida.
A pesar de ello, el diputado catalán insistió que no votaban a favor, no por estar en contra de una institución o de una persona, sino porque se trataba del jefe de un Estado que «no ha sido y no es neutral con Cataluña». Cuatro meses después de la proclamación de Felipe VI se celebraría la consulta popular del 9N.
Para Ana Oramas (CC), la abstención también respondía a un cuestión más de fondo que la sucesión de la Corona. «Esta iniciativa se integra en una Constitución que debe ser renovada (…) No podemos ser cómplices en este debate de aquellos dos partidos, Socialista y Popular, que han contribuido con su parálisis a que su reforma siga siendo un imposible», aseguró desde la tribuna de oradores.
El derecho a decidir
Entre los 19 diputados que votaron en contra de la norma que hacia efectiva la abdicación del Rey Juan Carlos I, estaban los de ERC. Su portavoz Alfred Bosch i Pascual llegó a decir de ella que se parecía mucho a «una ley de lo atado y bien atado».
Por su parte, Joan Baldoví (Compromís) justificó su voto en que en 2014 había 22 millones de españoles «que no pudimos decidir si queríamos un rey o un presidente» cuando se aprobó la Constitución de 1978.
Varios parlamentarios en el momento de votar por llamamiento público emplearon formulas alternativas al tradicional sí, no o abstención. Fue el caso del propio Bosch i Pascual que afirmó «república catalana, o sea, no», o el de su compañero de partido Joan Tardà i Coma quien sentenció «por la república catalana, voto no». Chesús Yuste Cabello, diputado de la Chunta Aragonesista optó por «más democracia y el derecho a decidir, voto no», según recoge el Diario de Sesiones.
Sin más puntos en el orden del día, y habiendo dado nota del resultado de la votación (299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones) el presidente del Congreso, Jesús Posada (PP), levantó la sesión. El hemiciclo no volvería a acoger una sesión hasta la proclamación de Felipe VI como Rey de España.