El 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha salido en defensa de la actuación de su Ejecutivo tras estallar la polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, a cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas de su entorno. Al mismo tiempo, ha reconocido que “evidentemente se tienen que reforzar los sistemas de control” y ha asegurado que ese refuerzo ya se ha puesto en marcha.
“Detectamos un trato privilegiado y una información privilegiada de unos jetas, que lo sigo diciendo, y lo que hicimos es investigarlo”, ha insistido durante la sesión de control en Les Corts, ante las exigencias del PSPV para que asuma responsabilidades políticas por este caso, destituya a la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y reclame la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala.
En esta primera sesión de control desde que tomó posesión hace algo más de dos meses, celebrada semanas después de que se conociera que la ya exconcejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal figuraban entre los adjudicatarios de estas VPP, Llorca ha reiterado que se actuó al detectar posibles irregularidades. Asimismo, ha recordado que Miguel Ángel Sánchez renunció como jefe de gabinete de la Conselleria de Industria tras trascender que una de las beneficiarias era la madre de sus dos hijas. Paralelamente, un juzgado de Alicante ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia por estas adjudicaciones.
En el debate, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al PP de “tráfico de influencias y uso de información pública para quedarse viviendas que pagamos con el dinero de todos”. “El congreso del Partido Popular se hará en la piscina del residencial Les Naus”, ha ironizado, reprochando al Consell que, mientras se destapa este caso, haya personas en Alzira (Valencia) haciendo cola durante días para poder acceder a una VPP.
Muñoz ha reclamado a Llorca que la primera actuación de la futura oficina antiokupación que el Consell pondrá en marcha en virtud del acuerdo con Vox sea “ir a Les Naus y desalojar a los okupas del Partido Popular de alto standing”.
En su primera réplica, el jefe del Consell ha evitado entrar al fondo de la controversia sobre estas VPP y ha puesto en valor el plan Vive de la Generalitat como ejemplo de “diálogo, entendimiento y política útil”, subrayando que se han adherido a él hasta 85 municipios gobernados por el PSPV.
Además, ha vuelto a cargar contra la gestión del anterior Ejecutivo del Botànic, al que ha reprochado que en sus ocho años de mandato se construyeran “cero viviendas” públicas, frente a las “4.800” que, según ha destacado, se han impulsado desde la llegada del PP al Consell en 2023.
Acusaciones del PSPV sobre el decreto de 2024
En su segunda intervención, el síndic socialista ha responsabilizado al PP de haber rebajado los requisitos para acceder a las viviendas públicas mediante un decreto aprobado en 2024 que, a su juicio, “es el origen de lo que ha ocurrido”. Según ha explicado, “eliminaron controles para acceder a las viviendas, eliminaron la calificación permanente y, sobre todo, le dieron la posibilidad de adjudicarlas al promotor”.
“Carece de autoridad moral” y críticas personales
“Usted carece de autoridad moral -ha espetado a Llorca-, su gobierno también, pero lo que es un peligro público es que la consellera que lo firmó siga en el cargo sin que usted le haga dimitir”. Muñoz ha recordado que el decreto de 2024 fue rubricado tanto por Camarero como por el 'expresident' Carlos Mazón, que continúa como diputado del PP pero no ha asistido al pleno de este miércoles en Les Corts.
Muñoz también ha reprochado a Llorca que se muestre “indignado” por la polémica de las VPP de Alicante cuando, según ha denunciado, utilizó su “posición privilegiada” como alcalde de Finestrat para “reformarse la piscina” de su vivienda y así “beneficiarse a sí mismo”.
A partir de ahí, ha exigido al también líder del PPCV que ponga fin a este “cártel de la vivienda” y que los pisos adjudicados de forma irregular se devuelvan a “la gente que lo necesita”. Ha avanzado, además, que el PSPV registrará enmiendas al segundo decreto de simplificación administrativa del Consell con el objetivo de paralizar el plan Vive y forzar la reversión de las viviendas asignadas de manera supuestamente irregular.
“Este escándalo debe remover conciencias y también deben actuar otros partidos”, ha concluido, aludiendo a que “Vox está muy callado” sobre este asunto, “apoyando a Pérez Llorca y siendo cómplice de esta situación”.