El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este martes en el Senado la devolución a la Generalitat de Cataluña de la gestión de la oferta pública de empleo y de los procesos de selección de los habilitados nacionales, recordando que este decreto aún debe recibir el aval del Congreso de los Diputados.
Esta defensa se ha producido en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Inmaculada Hernández, que ha criticado la cesión de estas competencias a la Generalitat de Cataluña y ha advertido de la aparición de “regímenes singulares”.
Óscar López ha justificado la recuperación de esta competencia por parte de la Generalitat de Cataluña señalando que fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy quien la retiró a las comunidades autónomas y que el balance de esa decisión “no ha sido positivo”.
“El decreto se vota en el Congreso, por lo tanto tendrá que ser una mayoría parlamentaria la que convalide esa medida”, ha remarcado el ministro, subrayando que la última palabra la tendrá la Cámara Baja.
La gestión de la oferta pública de empleo por parte de las comunidades es una atribución que ya se concedió a Euskadi en 2022 y que estuvo en manos de todas las autonomías entre 2007 y 2013. Los habilitados nacionales son funcionarios de la Administración Local que desempeñan funciones de interventores, tesoreros y secretarios en los ayuntamientos.
Con la aplicación de esta medida, la Generalitat de Cataluña podrá convocar, “de forma coordinada con el Estado”, los concursos para cubrir las plazas vacantes, así como resolver la adjudicación del primer destino y las distintas situaciones administrativas relacionadas.