QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
De septiembre a diciembre y de febrero a junio. Esos son los dos periodos de sesiones que la Constitución y los Reglamentos de Congreso y Senado establecen para ambas Cámaras. En julio y agosto, por lo tanto, cesa la actividad ordinaria, aunque pueden celebrarse sesiones extraordinarias tanto en Pleno como en comisión.
Lo habitual es que la actividad legislativa decaiga durante estos meses. Aunque en julio es más frecuente celebrar plenos extraordinarios para solventar los flecos sueltos que han podido quedar durante el periodo de sesiones previo, en los que se conoce como «plenos escoba», en ocasiones la situación política ha obligado a las Cortes a emplearse a fondo hasta en agosto.
Por este motivo, durante las próximas semanas en Demócrata estrenamos una serie de publicaciones con las que promover la memoria parlamentaria: los agostos más activos de la democracia.
Tres entregas, tres años y tres momentos políticos en los que la actividad política no pudo ni tomarse un respiro por vacaciones:
1978
- Senado: 1 pleno y 9 comisiones
- Congreso: 1 Diputación Permanente
2015, el último verano del bipartidismo y unos PGE «in extremis»
-Senado: 8 comisiones
-Congreso: 3 plenos, 1 Diputación Permanente y 13 comisiones
2018, las explicaciones del «gobierno bonito» y los ecos del Aquarius
- Senado: 1 Diputación Permanente
-Congreso: 1 Diputación Permanente y 7 comisiones
Del Vaticano a la Plaza de la Marina
1978 sería recordado en España como el año en el que se aprobó la Constitución y en la Iglesia como el año «de los tres Papas». Y durante aquel agosto, mientras todas las miradas estaban puestas en el Vaticano tras la muerte del Papa Pablo VI, la Comisión Constitucional del Senado recibía el texto del proyecto de Carta Magna concluidos los trabajos en el Congreso.
Pero paralelamente a las tareas constitucionales que copaban gran parte de la agenda mediática, el engranaje legislativo durante aquella Legislatura (1977-1979) se orientó a sentar las bases de la nueva España dejando atrás las normas y regulaciones franquistas.
Prueba de ello, la celebración de un pleno un 8 de agosto en el Senado. La sesión que se abrió con palabras de recuerdo del presidente Antonio Fontán (UCD) al pontífice fallecido dos días atrás, tenía como cometido celebrar los debates de totalidad de los proyectos de ley aprobados por la Cámara Baja que había acumulado en el mes de julio grandes jornadas maratonianas.
El Orden del Día del Pleno del Senado incluía cuestiones como el Impuesto sobre la Renta Física, medidas en relación con los delitos cometidos por grupos armados, la ampliación de la plantilla del Cuerpo Nacional de Astrónomos o la Ley de la Policía.
Propósito de enmienda
Superado en el calendario el día de la Asunción de la Virgen, festivo en toda España, y fecha que aventura que el fin de las vacaciones está próximo, echó a andar la Comisión Constitucional de la Cámara Alta. «Para los senadores no consensuados serán unas vacaciones llenas de propósitos de enmienda», bromeaba en sus crónicas del verano de 1978 el reconocido periodista parlamentario Víctor Márquez Reviriego.
Aquella primera reunión contó con la presencia extraordinaria del presidente Fontán que quiso saludar en nombre de la Mesa del Senado a todos los miembros de la comisión cuando iban a iniciarse «los trabajos más importantes que han sido objeto de la atención de la Cámara desde su constitución».
Tras la intervención de un emocionado Fontán, tomó la palabra el presidente de la comisión José Federico de Carvajal (PSOE) para insistir y agradecer el esfuerzo hecho en los días previos:
Como precisó Carvajal, en el horizonte 1.254 enmiendas registradas por todos los grupos parlamentarios y ordenadas en dos volúmenes con su respectivo mapa de propuestas elaborados por los servicios de la Cámara.
De las 17 sesiones de trabajo que celebró el órgano entre el 18 de agosto y el 14 de septiembre, más de la mitad se llevaron a cabo fuera del período de sesiones ordinarias. En este plazo computable hasta el 31 de agosto, a sus Señorías les dio tiempo a debatir y enmendar el texto procedente del Congreso hasta el art. 68. Integrado en el título III, precisamente, el relativo a las Cortes Generales.
Juan Carlos I y Videla
Tras un intenso mes de julio que concluyó con la votación de todo el conjunto de la Constitución para su posterior trámite en el Senado, el Congreso no registró actividad alguna hasta el 28 de agosto. Ese día tuvo lugar la primera Diputación Permanente de la historia.
El órgano se reunió a instancias del Grupo Socialista que solicitaba al Gobierno de Adolfo Suárez «los motivos y circunstancias» que aconsejaban la visita del Rey de España a Argentina prevista para finales de año, «teniendo en cuenta las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados relativas al respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana».
La oposición temía que esta visita pudiera llegar a legitimar ante Europa al régimen de Videla que desde el Golpe de Estado militar en 1976 acumulaba condenas internacionales por sus actuaciones. Más si cabe, viniendo de la mano del «protagonista del cambio democrático» en España.
“Tendríamos que cuidar aquellas visitas que puedan comprometer de alguna manera esta imagen de motor del cambio que en el país se ha producido”, en palabras del diputado socialista Donato Fuejo Lago. El encargado de dar explicaciones por parte del ejecutivo fue el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja Aguirre.
Oreja Aguirre explicó que el monarca ya había visitado ocho países hispanoamericanos sin ninguna objeción a pesar de que estos “no tenían una uniformidad de regímenes políticos”. “Nadie podrá creer que el Rey de España va a un determinado país a defender un régimen político o a amparar un determinado Gobierno”, añadió.
Tras los reproches de la oposición, el ministro del ramo en nombre del Gobierno se comprometió a promover «las consultas necesarias para que los viajes de Estado y, en general, la política exterior del mismo tengan el máximo consenso posible».
Concluidos todos los turnos con sus respectivas réplicas, a media tarde se levantó la sesión. Entonces sí, las Cortes no volverían a registrar actividad hasta septiembre.
