Lo habitual es que la actividad legislativa decaiga durante los meses de verano, con el primer periodo de sesiones (enero-junio) ya finalizado y a la espera de que arranque el segundo (septiembre-diciembre). Pero en ocasiones la situación política ha obligado a las Cortes a emplearse a fondo en agosto.
Por este motivo, durante las próximas semanas en Demócrata estrenamos una serie de publicaciones con las que promover la memoria parlamentaria: los agostos más activos de la democracia.
Tres entregas, tres años y tres momentos políticos en los que la actividad política no pudo ni tomarse un respiro por vacaciones:
1978, un verano constitucional y una visita de Estado con polémica
- Senado: 1 pleno y 9 comisiones
- Congreso: 1 Diputación Permanente
2015
-Senado: 8 comisiones
-Congreso: 3 plenos, 1 Diputación Permanente y 13 comisiones
2018
- Senado: 1 Diputación Permanente
-Congreso: 1 Diputación Permanente y 7 comisiones
Esta segunda entrega está dedicada al 2015, que tiene el récord de mayor actividad con 25 convocatorias entre plenos extraordinarios, comisiones y diputaciones permanentes en el Congreso y en el Senado.
El verano de 2015 la X Legislatura (2011-2015) entraba en su recta final y el ritmo de trabajo apenas decayó durante el período estival. A un julio muy intenso en el que el Grupo Popular hizo valer su mayoría absoluta de 181 diputados para marcar la agenda, se sumó una segunda quincena de agosto realmente frenética.
«Ningún reproche ético»
El pistoletazo de salida se produjo el 14 de agosto con la comparecencia del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz en la Comisión del ramo tras conocerse que días atrás había mantenido una reunión con el exvicepresidente del Gobierno y exdirector de Bankia, Rodrigo Rato.
De las 13 comisiones celebradas durante ese mes, sin duda fue la que más foco de atención captó, al producirse el encuentro en plena investigación del «Caso Rato». E que fuera mano de derecha de José María Aznar estaba siendo investigado por supuestas maniobras para defraudar a Hacienda en sus negocios particulares.
Si bien Fernández Díaz intervino a petición propia, desde que se conocieron los detalles del encuentro la oposición en bloque pedía su dimisión.
Frente a las críticas por la «idoneidad» de la reunión, el entonces ministro mantuvo en todo momento que el contenido de la misma «no versó para nada sobre la situación procesal del señor Rato ni sobre investigación alguna».
La versión defendida por Fernández Diaz en el Congreso apuntaba a que Rato había solicitado ese encuentro por un motivo tan «personal, íntimo y sensible como es la seguridad personal en su ámbito más próximo».
A su juicio, lo sucedido no merecía «ningún reproche de tipo ético», puesto que desde su punto de visto era «absolutamente legal» y adecuándose a los cánones de transparencia; pues había acreditado «cuándo y dónde se produjo la reunión, dadas las circunstancias públicas y notorias de mi interlocutor».
Siete ministros cuestionados
Las explicaciones no convencieron al resto de grupos parlamentarios y el revuelo se prolongó más allá de la propia comisión. En la Diputación Permanente celebrada a finales de mes, el PSOE solicitó de nuevo la comparecencia del ministro no solo para profundizar en el contenido de esa reunión, sino también para que se informará de las citas mantenidas «por otros altos cargos del departamento, como el director general de la Guardia Civil, con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en esta investigación».
Para su defensa, tomó la palabra José Luis Ábalos, quien insistió en que «la reunión nunca debió producirse» y llamó al ministro a asumir su responsabilidad:
Junto a la petición de comparecencia de Fernández Díaz, en el orden del día del 26 de agosto de la Diputación Permanente -órgano por el que se rige el Congreso fuera de los períodos de sesiones ordinaria- hubo otras seis solicitudes para ministros del Gobierno de Mariano Rajoy. Todas ellas fueran rechazadas gracias a la mayoría popular, que se escudó en que el periodo ordinario de sesiones comenzaba la semana siguiente.
Coletazos de un «sí quiero»
Entre ellas, destacó también por el interés que había suscitado el caso en los medios de comunicación la petición a José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, para informar sobre el nombramiento de José Ignacio Wert como embajador jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Wert había cesado como ministro de Educación en junio de ese mismo año y para la diputada socialista Isabel Rodríguez este nombramiento reflejaba «el abuso y el uso partidista que hace de las instituciones» el PP.
Se daba la circunstancia de que en la misma organización a la que se había destinado a Wert se encontraba trabajando su esposa, la ex secretaria de estado de Educación, Montserrat Gomendio con la que había contraído matrimonio semanas atrás.
Coyuntura que suscitó recelo entre algunos grupos parlamentarios como fue el caso de UPyD. Su portavoz, Rosa Díez, aseguró que ante la falta de información sobre los motivos del nombramiento se podía pensar mal, se podía incluso pensar «que ha sido un regalo de boda«.
Díez también habló de «un reagrupamiento familiar VIP en París» mientras que los había que se negaban «si eres de color oscuro o vienes de algún sitio pobre».
Rescate para Grecia
En estos meses de vacaciones para el Congreso, al margen de la Diputación Permanente, pueden celebrarse sesiones extraordinarias en el Pleno; siempre previa petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los diputados. En agosto de 2015 hubo un total de tres. El primero de ellos tenía como cometido principal debatir la contribución española ante un tercer programa de ayuda a Grecia para ayudar al país heleno a superar la crisis.
En nombre del Gobierno intervino el ministro de Economía Luis de Guindos: «Este Gobierno siempre ha sido solidario con Grecia y, sobre todo, hemos sido partidarios de la permanencia de Grecia en el euro».
Juan Moscoso informó del «sí» de los socialistas tras señalar que lo propuesto «sin duda evita la ruptura del euro». Aunque insistió en que iba a hacer falta «mucho más que lo que este acuerdo contempla para que no solo Grecia sino el conjunto de la zona euro vuelvan a crecer con vigor y sostenibilidad«.
El anuncio fue bien recibido por la mayoría de los diputados y la resolución fue aprobada con 297 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones.
A toda vela hacia los PGE
Durante los días 25 y 26 se produjo el debate de totalidad de los PGE para 2016. Se trataba de las cuartas cuentas que presentaba el ejecutivo de Rajoy y las últimas de la legislatura que estaba llegando a su fin. Y precisamente la cercanía de la disolución de las Cortes y por ende de una convocatoria electoral suscitó el recelo entre el resto de las bancadas.
Por el Grupo Socialista la enmienda a la totalidad la defendió su secretario General Pedro Sánchez. Con tono bronco, el diputado reprochó al PP la celebración de un pleno extraordinario: «Señorías, ¿qué emergencia nacional nos convoca a este debate? ¿Cuál es la razón que ha llevado al Gobierno de España a celebrar por primera vez en la historia democrática un Pleno extraordinario el 25 de agosto sobre Presupuestos?».
En esta línea también iban las críticas del PNV. «No tendríamos que estar en este Parlamento debatiendo las enmiendas a la totalidad (…) Es atípico hacerlo a estas alturas del año, en pleno mes de agosto», sentenció su diputado Pedro Azpiazu.
El otro frente con el que tuvieron que lidiar los populares fueron las acusaciones de electoralismo. Para UPyD lo que se estaba presentando era «la primera parte del programa electoral del Partido Popular».
Desde la tribuna, y en nombre de CiU, Pere Macias y Arau preguntaba a la bancada azul porque tramitaban los PGE para 2016 a sabiendas de que «pueden llegar incluso a no ser gestionados, a no ser ejecutados» ante la posibilidad que para entonces «haya un nuevo Gobierno».
El Senado no para
La Cámara Alta tampoco cerró por vacaciones. Durante la última quincena de agosto el Senado se convocaron ocho comisiones. Por su trascendencia legislativa la más relevante fue la celebrada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Que con competencia legislativa delegada terminó de dar el visto bueno al Proyecto de Ley por la que se modificaba y actualizaba la normativa en materia de autoempleo y se adoptaban medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social y al Proyecto de Ley por el que se regulaba el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Por último, al aprobarse una enmienda, el Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas volvió a remitirse al Congreso.
Las Cortes de las X Legislatura se disolvieron el 27 de octubre y los PGE para 2016 se publicaron en el BOE tres días después. Las elecciones se celebraron el 20 de diciembre y, aunque el PP volvió a ganar, la irrupción de los nuevos partidos dificultó las sumas para investir presidente. Ante la renuncia de Rajoy y el intento fallido del PSOE y Ciudadanos, el país se vio avocado a una repetición electoral.