Los grupos con representación en la Junta General del Principado han expresado este miércoles su respeto hacia las decisiones de los tribunales después de conocerse la imputación por cinco delitos de homicidio por imprudencia del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', de su esposa Ana María Rodríguez, de su hijo Adrián Rodríguez y del director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas.
La comisión de investigación del Parlamento asturiano, creada para aclarar lo sucedido en el siniestro del pasado 31 de marzo, en el que murieron cinco empleados y otros cuatro resultaron heridos, continúa aún en marcha. Aún restan dos comparecencias solicitadas por el Grupo Popular, fijadas para el próximo lunes 16.
Los portavoces han remarcado que la finalidad de esta comisión no es depurar responsabilidades penales, sino políticas, en relación con la continuidad de la actividad en una explotación minera “que no estaba autorizada para extraer carbón” y que acabó con la vida de varios trabajadores.
Insisten en que los trabajos deben centrarse en delimitar el papel de la Administración del Principado y detectar posibles errores para impedir que se repitan episodios similares. Por ello, rechazan llegar a la fase de conclusiones con ideas predeterminadas y prefieren estudiar toda la documentación y las comparecencias pendientes antes de fijar su postura definitiva.
La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha subrayado que el proceso judicial “está en marcha” y que es necesario aguardar a su desarrollo antes de emitir juicios de fondo. Ha recordado que la comisión aún tiene dos sesiones por celebrar y ha indicado que ahora se abre para el Grupo Socialista una etapa de “visión global” sobre todo lo declarado y sobre la amplia documentación incorporada al expediente.
A su entender, hace falta un examen “contrastado” antes de cerrar el dictamen, por lo que ve “precipitado” pronunciarse en este momento.
El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha reivindicado el respeto tanto a la labor de la judicatura como al derecho de las personas investigadas a no declarar. Ha apuntado que la decisión de levantar el secreto de sumario y formalizar imputaciones “era esperada” y no modifica el rumbo de la comisión parlamentaria.
Vegas ha criticado que existan formaciones que, según él, “tenían conclusiones desde el minuto 0 o desde el día 1”, mientras que su grupo prefiere escuchar todas las intervenciones pendientes y revisar con detalle los expedientes antes de cerrar su posición. “Es pronto para conclusiones prematuras”, ha señalado.
La diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, ha considerado “significativo” que las cuatro personas ahora imputadas optaran por no intervenir en la comisión, algo que ha vinculado a su situación procesal.
Tomé ha defendido que el cauce judicial y el parlamentario discurren por sendas distintas y ha insistido en que la comisión debe centrarse en depurar responsabilidades políticas y aclarar “hasta qué punto la Administración miró hacia otro lado” o pudo tener algún grado de implicación en lo sucedido.
Desde el PP, Luis Venta, y desde Vox, Javier Jové, han coincidido en que ha habido “demasiados silencios” y han relacionado lo ocurrido en Cerredo con lo que consideran una “connivencia” del Ejecutivo autonómico. Tras hacerse públicas las imputaciones, han indicado que eran “previsibles”.
El parlamentario popular ha aludido no solo a los “silencios”, sino también a “las maniobras para no dejar que salga a la luz todo lo que allí había pasado”.
“¿Alguien tenía alguna duda de que no fuesen a estar imputados todos estos personajes?”, ha manifestado Jové, quien ha añadido que, “ahora la duda es si, a medida que avance la instrucción, el listado de imputados no se vaya incrementando con algunas derivadas políticas”.
El diputado de Foro, Adrián Pumares, considera evidente que se produjeron fallos al permitirse la continuidad de la actividad empresarial tras el siniestro de 2022, en el que también murió un trabajador y otro resultó herido, y apuesta por fijar mecanismos que impidan que la Administración vuelva a incurrir en errores similares.
No obstante, Pumares cree que aún queda por aclarar “quién sugirió a la empresa que el mecanismo que mejor les encajaba para hacer lo que querían hacer era un proyecto de investigación complementaria”.
“Yo creo que esa es la duda que nos queda a todos porque, bueno, después de ver aquí comparecer a Chus Mirantes, a su esposa y a su hijo, yo creo que nos queda bastante claro que no llegaron a la conclusión de que lo que les convenía era un proyecto de misión complementaria por ellos mismos”