Trece años después de uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España, el ocurrido en el barrio compostelano de Angrois que causó 80 fallecidos y dejó más de un centenar de heridos, el procedimiento penal sigue sin cerrarse. Todo queda ahora a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los 108 recursos presentados contra la sentencia dictada en primera instancia.
El fallo condenó a dos años y medio de cárcel al maquinista, Francisco Garzón, y al exjefe de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento del tren Alvia en la curva de A Grandeira, a escasa distancia de la estación de Santiago.
La magistrada del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Santiago consideró acreditado que ambos cometieron 79 delitos de homicidio —no incluye a una víctima que murió días después— y 143 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave: al maquinista por circular con un exceso de velocidad y al antiguo responsable de seguridad de Adif por no realizar un análisis de riesgos en ese tramo carente del sistema de protección más avanzado para evitar errores humanos.
La resolución se hizo pública en julio de 2024, un año después de que concluyese el macrojuicio, que se prolongó durante nueve meses y finalizó en julio de 2023. En abril de 2024, la jueza envió los recursos a la Audiencia coruñesa: las defensas de Garzón Amo y de Cortabitarte reclaman su absolución o, subsidiariamente, una rebaja de la condena impuesta.
Quedan atrás ocho años de investigación judicial de una causa especialmente compleja, que desde el inicio acumuló miles de folios, con varios archivos y reaperturas motivados por las protestas constantes de las víctimas, que siempre reclamaron “verdad y justicia”, y por la intervención de las instituciones europeas, que atendieron sus quejas. Por los juzgados desfilaron decenas de personas implicadas, desde responsables directos a peritos y especialistas de la Unión Europea.
Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalan que el pasado viernes 19 de diciembre la Audiencia Provincial de A Coruña celebró la votación y adoptó su fallo sobre los 108 recursos interpuestos contra la sentencia.
De este modo, todas las partes personadas aguardan la notificación de esa resolución: los dos condenados, las aseguradoras y los perjudicados a los que la sentencia fijó una indemnización definitiva.
Los recursos proceden, en concreto, de los dos condenados; de la Fiscalía; de una de las asociaciones de víctimas, Apafas (acusación popular); de 99 acusaciones particulares; de Allianz Seguros y Reaseguros (actor civil); de QBE —aseguradora de Renfe— y Allianz Global —aseguradora de Adif— (responsables civiles directos); y de Renfe y Adif (responsables civiles subsidiarios).
La Fiscalía, que durante el juicio dirigió la acusación contra las dos personas finalmente condenadas, retiró en el último momento los cargos contra Cortabitarte y posteriormente recurrió la sentencia. Una vez se conozca el nuevo fallo, las partes todavía podrán acudir en casación al Tribunal Supremo y, en su caso, al Tribunal Constitucional y a las instancias europeas, si procede.
La vía europea aún abierta sobre la investigación técnica
En paralelo, sigue viva en Europa otra línea relacionada con el caso: la que impulsa la plataforma de víctimas del accidente del Alvia en Angrois respecto a la investigación técnica realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y encargado actualmente de esclarecer las causas del siniestro de Adamuz.
En febrero del año pasado se conoció que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinará la demanda presentada por la plataforma, con la que reclama que el Estado español lleve a cabo una investigación independiente sobre el accidente ferroviario de A Grandeira.
La CIAF elaboró en su momento un informe que atribuía la responsabilidad exclusivamente al maquinista por el exceso de velocidad, un documento que fue cuestionado por la Agencia Ferroviaria Europea y por la Comisión al no analizar las “causas raíz” del siniestro, como el diseño de la línea o la evaluación de riesgos en ese tramo.
Por este motivo, y para forzar una nueva investigación “independiente”, la plataforma promovió una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la que ahora se encuentra en manos de las instancias europeas.