QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso convalidó este jueves el Real Decreto-ley con las ayudas e incentivos a la compra de vehículos eléctricos para prorrogar el Plan Moves III. Se trata de un conjunto de medidas que el Congreso derogó el pasado enero, como parte del decreto-ley anticrisis y que el Ejecutivo no incluyó en el decreto-ley aprobado días más tarde.
En esta ocasión, el PP se abstuvo y Junts respaldó la propuesta, las dos formaciones que propiciaron su derogación en enero, junto con Vox, que ha repetido voto en contra. Han apoyado también el decreto-ley el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, UPN y Coalición Canaria.
Pese al aval de la Cámara, el debate no estuvo exento de críticas, con propuestas de mejora o incluso la instancia al Ejecutivo para aprobar un nuevo programa con cambios.
“Hoy tendríamos que estar aprobando un Plan Moves IV con mejoras significativas”, espetó Josep Maria Cruset, de Junts. Inés Granollers, de ERC, también urgió al Gobierno a renovar el plan, planteando que las ayudas se gestionen directamente por parte de los concesionarios para su efectividad desde el momento de la compra. “Quizás se podría haber aprovechado para simplificar”, propuso, por el PNV Idoia Sagastizabal.
Otra de las reflexiones dirigidas fue la necesidad de articular medidas para facilitar el acceso a personas con menor renta. “Nadie quiere tener un coche más contaminante. Si lo tiene es porque no se puede permitir otro”, esgrimió Granollers, tras pedir programas de sustitución para el sector del reparto, donde las condiciones precarias no facilitan este tipo de inversiones. Mikel Otero, de EH Bildu, pidió al Gobierno mirar programas como los de Navarra, que distinguen en las deducciones al IRPF en función de la renta.
Los socios del Gobierno también pidieron distinguir en las ayudas entre tipos de vehículos. El propio Otero señaló un estudio del Gobierno vasco que cifra el impacto en emisiones de un eléctrico puro un 70% menos que uno de gasolina, mientras que la diferencia con un híbrido enchufable apenas es un 25%. «Hay que dejar atrás los híbridos enchufables y las pilas de combustible y priorizar eléctricos puros», instó Granollers.
A quien no les convenció esta diferenciación entre tecnologías fue a los diputados de PP y Vox, que censuraron incluso la discriminación que hace el propio Gobierno en sus ayudas a los vehículos eléctricos. “La neutralidad tecnológica tiene que ser un principio irrenunciable”, clamó Francisco José Conde, del PP. Para el PP, la falta de desarrollo de la movilidad eléctrica responde a problemas de precio, autonomía y de la red de puntos de recarga.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó durante su intervención que ya existen más de 46.000 puntos de recarga de acceso público, con un desarrollo de 1.100 puntos instalados al mes.
Sin embargo, Conde rebajó las cifras a 38.725 puntos, contabilizando exclusivamente los que ya están plenamente operativos, lo que supone un 60% del objetivo marcado por el Ejecutivo para el año pasado.
Jùlia Boada, de En Comú (Grupo Sumar), emplazó en este punto a mirar a Portugal, que impulsó su red a través de un único sistema de gestión de recarga, de carácter público. En España, con su fragmentación de plataformas, la recarga de un vehículo es un 130% más caro que en Portugal, aseguró.
