La Delegación del Gobierno en Madrid, tras aceptar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permite la manifestación de Falange, ha reiterado su preocupación por posibles disturbios y ha confirmado que “actuará coordinadamente para evitar cualquier exaltación del franquismo”. Las fuentes de la Delegación han explicado que la prohibición inicial se basaba en informes de seguridad que alertaban sobre “riesgos objetivos”, sobre todo en zonas sensibles como la calle Ferraz, sede del PSOE, donde recientemente se han registrado altercados.
La institución ha recordado que su decisión de no permitir la manifestación se fundamentó en el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, ante la presencia de indicios de alteraciones del orden público que podrían poner en peligro a personas y propiedades. No obstante, el TSJM ha determinado que las motivaciones de la Delegación no justifican una prohibición total, mencionando que las acciones preventivas deben dirigirse a frenar cualquier acto que promueva el franquismo o incite al odio.
Al respecto, la Delegación ha asegurado que tomará las medidas necesarias “conforme lo dictado” en la Ley de Memoria Democrática y el Código Penal. La prohibición inicial de la marcha, que coincide con el aniversario de la muerte de Franco, fue revocada por el TSJM, que argumentó que las suposiciones de la Delegación no son suficientes para limitar el derecho de reunión. Aun así, se ha destacado que existen procedimientos legales para intervenir en caso de infracciones durante el evento, aunque no se puede restringir anticipadamente basándose en posibles riesgos hipotéticos.