Más Madrid ha comunicado que presentará un recurso contra el archivo de la causa judicial que afectaba a la vicepresidenta primera de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, y ha reiterado sus acusaciones de “corrupción”.
El anuncio lo ha realizado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante los medios de comunicación, antes de participar en un acto del partido sobre comedores escolares, donde ha advertido a la prensa de que “esto no acaba aquí”.
Este martes se hizo público que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, acordaba poner fin al procedimiento contra la también exalcaldesa de Arroyomolinos por la presunta comisión de delitos de corrupción vinculados a contratos supuestamente irregulares durante la etapa en la que ejercía como concejala.
Bergerot ha subrayado que la jueza “reconoce los hechos” recogidos en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Es decir, que Ana Millán, mientras era concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, hizo adjudicaciones de contratos a un empresario por encima de los 650.000 euros. Que este mismo empresario contrató a la hermana y al marido de Ana Millán y que este mismo empresario le pagó la hipoteca del ático de Ana Millán a través de un contrato de alquiler, el doble del precio del mercado”, ha planteado la portavoz parlamentaria.
A continuación, ha señalado que “después de seis años de investigación” la “nueva jueza” no aprecia delitos, pero que “los hechos que entonces apestaban a corrupción antes del auto son hechos que siguen apestando a corrupción”.
“Así que el Partido Popular tiene suerte con la nueva jueza que no ve delitos, pero el equipo jurídico de Más Madrid sí ve delitos”, ha apostillado Bergerot. El PSOE de Madrid anunció este martes que también recurrirá la decisión.
Ante las demandas del PP para que se disculpe con Millán, Manuela Bergerot ha rechazado que se trate de una “cuestión personal”, y ha sostenido que existen unos hechos que “como mínimo éticamente no responden a la forma de gobernanza que exigimos a la gente en los ayuntamientos”.