La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá este miércoles un encuentro con las principales organizaciones de autónomos —ATA, UPTA y Uatae— para analizar el plan de medidas urgentes que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo viernes, con el objetivo de hacer frente a la guerra en Irán.
La reunión, que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Trabajo tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso, se produce en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo y del gas desde los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, con impacto directo en los costes energéticos.
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El Ejecutivo plantea una respuesta “integral” en esta primera fase, centrada en mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis. En paralelo, las asociaciones de autónomos han trasladado sus propias propuestas para proteger al colectivo ante el aumento de los costes.
La ministra de Trabajo ha señalado en los últimos días que el objetivo del Gobierno pasa por vetar los despidos por causas energéticas, en línea con las medidas adoptadas durante la guerra de Ucrania, si bien el paquete actual será, por el momento, menos contundente.
“Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española. El Gobierno de España trabaja para proteger a sus sectores productivos y a la gente trabajadora”, declaró recientemente Yolanda Díaz.
Qué ofrece el Gobierno
El plan que prepara el Ejecutivo se orienta, en esta primera fase, a hacer frente al impacto del aumento de los precios energéticos, especialmente en combustibles y gas natural. La propuesta se enmarca en una respuesta de carácter “integral” ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo, con especial atención al efecto sobre los costes de producción.
Entre las medidas avanzadas, destaca la intención de vetar los despidos por causas energéticas, siguiendo el precedente de la normativa aprobada durante la guerra de Ucrania.
No obstante, el alcance del paquete será más limitado en comparación con el anterior, dado que, por ahora, el principal impacto económico se concentra en el incremento del precio de los combustibles.
ATA: rebaja fiscal sobre la energía
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente Lorenzo Amor defiende que el Gobierno actúe sobre la fiscalidad de la energía.
En concreto, plantea una rebaja de los impuestos especiales y una reducción del IVA aplicado a la electricidad y al gas, con el objetivo de aliviar el impacto del encarecimiento energético sobre los autónomos.
UPTA: bonificaciones, alivio fiscal y liquidez
UPTA ha trasladado al Ejecutivo un conjunto de medidas bajo la denominación de ‘Escudo Autónomo’, centradas en proteger al colectivo ante el aumento de los costes energéticos y de las materias primas.
Entre sus propuestas, destaca la bonificación directa en combustibles para usos profesionales, con ayudas de entre 0,20 y 0,30 euros por litro. Asimismo, plantea la reducción del IVA al 5% en los suministros energéticos y la puesta en marcha de mecanismos de compensación cuando el mercado eléctrico supere determinados umbrales.
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La organización incluye también compensaciones frente a la inflación, como cheques trimestrales para autónomos con menores ingresos y deducciones extraordinarias en gastos afectados por la subida de precios.
En el ámbito tributario, propone aplazamientos automáticos de IVA e IRPF sin intereses, rebajas de pagos fraccionados y ajustes en el sistema de módulos. Además, plantea habilitar líneas de liquidez a través del ICO, activar un cese de actividad extraordinario y fórmulas de ERTE para autónomos con trabajadores.
Uatae: autónomo vulnerable y protección energética
Uatae plantea medidas fiscales excepcionales dirigidas a los autónomos con menores ingresos, incluyendo reducciones temporales del IVA en suministros esenciales como electricidad, gas o combustibles profesionales, vinculadas a criterios de renta.
La organización propone la creación de la figura del autónomo vulnerable, con tres categorías —vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social— en función de la situación económica y familiar.
A partir de esta clasificación, plantea extender el bono social eléctrico a los locales comerciales, con descuentos de entre el 65% y el 100% de la factura, así como la creación de un bono social térmico para cubrir gastos de climatización.
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El paquete incluye también medidas para aliviar el pago de hipotecas vinculadas a la actividad económica, mediante la congelación de cuotas o la ampliación de plazos, y actuaciones para limitar las subidas del alquiler de locales comerciales, especialmente cuando los propietarios sean grandes tenedores.
Uatae propone que estas medidas para que los autónomos hagan frente a los efectos de la guerra en Irán se mantengan al menos durante este año, con posibilidad de prórroga si persisten las condiciones económicas actuales, y plantea que algunas puedan consolidarse de forma estructural.