Una semana después de la derogación del Congreso del decreto-ley con medidas regulatorias tras el apagón general en el sistema eléctrico, el Gobierno se ha lanzado a elaborar un nuevo decreto, este sin rango de ley, para recuperar medidas rápidamente sin pasar por el Congreso.
El alcance es, naturalmente, mucho menor, ya que no puede incorporar cualquier cambio que modifique una ley, como todos los incentivos fiscales o las reformas en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Las exclusiones, en todo caso, no tienen por qué ser definitivas. El decreto fue sacado este jueves a audiencia pública y estará en fase de alegaciones hasta el próximo 11 de agosto, por lo que aún puede sufrir modificaciones.
Estas son las medidas que no se incorporan en el proyecto:
Seguridad y supervisión
- Obligación de las generadoras de energía de remitir un acuerdo de reparto de responsabilidades (si no, esta se repartirá de forma proporcional a su capacidad de acceso a la red)
- Gestión centralizada de la información por Red Eléctrica, punto de acceso único a los datos de consumo de 30 millones de contadores inteligentes de clientes finales (repartida hasta ahora por más de 300 compañías distribuidoras)
Agregador independiente
- Incorporación de la figura del agregador independiente, que combina múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compran en mercados de electricidad (pese a que su regulación se contemplaba de forma reglamentaria en un proyecto de decreto hace un año)
Autoconsumo
- Creación de la figura de gestor de autoconsumo, para representar a los consumidores asociados a un autoconsumo colectivo para la realización de gestiones
- Se permite que un mismo consumidor esté asociado a dos modalidades de autoconsumo (un autoconsumo individual sin excedentes y otro mediante instalaciones próximas y asociadas a través de la red)
- Aumento a 5 kilómetros el radio de alcance de las comunidades energéticas para instalaciones menores a 5 MW
Permisos e hitos administrativos
- Suspensión del cómputo de plazos al imponerse una medida cautelar que suspenda una autorización
- Extensión tres meses más del plazo para obtener la autorización de explotación provisional (25 de septiembre de 2025) para evitar la caducidad de permisos
- Los promotores con permisos de acceso y conexión podrán solicitar la extensión de este plazo hasta un máximo de ocho años (si tienen permisos desde diciembre de 2013)
- Simplificación de los trámites de la repotenciación (reducción a la mitad de plazos siempre que se proyecte por menos al 25% de la potencia instalada ya)
Movilidad eléctrica
- Exención de la autorización administrativa en el desarrollo de puntos de recarga cuando no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de utilidad pública
- Habilitación a Red Eléctrica para la recogida y tratamiento de la información estática de los puntos de recarga en el Sistema de Gestión y Visualización (SGV)
Ayudas e incentivos a la electrificación
- Habilitación a los ayuntamientos para aplicar deducciones dirigidas a electrificar la climatización en comunidades de vecinos: deducciones del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
- Modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para no computar la potencia instalada de hornos y calderas eléctricas al calcular la cuota del impuesto en actividades industriales
- Exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactiva desde el 23 de enero (medida incluida en el DL anticrisis que fue derogado y que no había sido rescatada desde entonces)
- Rebaja excepcional del 25% en el número de horas equivalentes de funcionamiento y mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables a 2025 para evitar la pérdida de ingresos de instalaciones con régimen retributivo específico (atendiendo a los bajos precios de la electricidad)
- Inclusión de la bomba de calor en la Ley de Propiedad Horizontal dentro de las decisiones que pueden adoptar una junta de propietarios