El Gobierno da este lunes un paso importante en su aventura por tratar de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Lo hace a destiempo, pues el plazo formal para para remitirlo a las Cortes Generales venció el 1 de octubre. Y tampoco tiene ahora ninguna prisa. Fuentes del Ministerio de Hacienda cuentan con no disponer de la senda definitiva sobre la que edificar las cuentas hasta mediados de diciembre, en concreto, el día 11.
Este lunes a las 12:00 horas la vicepresidenta primera y ministra, María Jesús Montero, ha convocado el lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que las Comunidades Autónomas conozcan el detalle de la senda de déficit y puedan pronunciarse al respecto.
Montero expondrá unas cifras que ya fueron desveladas en exclusiva por Demócrata y el encuentro se cerrará con un nuevo punto en el orden del día que no estaba previsto con anterioridad: la situación de la reforma de financiación autonómica.
Fuentes de Hacienda confirman que la ministra llevará la senda de déficit al Consejo de Ministros del día siguiente, el martes 18. Una vez que reciba luz verde, se remitirá al Congreso de los Diputados para una ardua tramitación parlamentaria.
De entrada, no
Desde Junts reiteran su amenaza. “No habrá senda, ni habrá Presupuestos, las relaciones están rotas”, aseguran fuentes del grupo parlamentario. Pese a que la senda da más margen a las Comunidades Autónomas, no consideran que sea suficiente.
El Ejecutivo plantea para 2026 un -2,1%; mientras que para el 2027 y el 2028 se propone un -1,8% y -1,6%.
La Seguridad Social siempre tiene déficit y su proyección es del -0,2% para el 2026 y del -0,1% tanto para el 2027 como para el 2028.
Por su parte, a las Comunidades Autónomas se les propone un déficit de -0,1% en los tres ejercicios; quedando para la Administración Central un -1,8% en 2026; un -1,5% para 2027 y un -1,4% en 2028.
En cuanto a la cuarta pata, las entidades locales, en este caso es cero.
La senda se acuerda con Europa y se fija un horizonte a tres años vista, en este caso, 2026, 2027 y 2028. Es la que se manda en el Plan Fiscal Estructural y, aunque ya no es determinante para el seguimiento, sí que se podría abrir un expediente por un déficit excesivo en caso de superar el 3%.
El Plan de Sánchez y Montero
El Gobierno hará el intento, pero asume las dificultades de aprobar una nueva senda de déficit, y precisamente ese calendario es que el que lleva al 11 de diciembre. La senda se presentará a las CCAA en el CPFF el 17 de noviembre, y el 18 será aprobada en Consejo de Ministros, por lo que podría votarse en el siguiente Pleno, del 25 al 27 de noviembre. En caso de ser rechazado, como es previsible, Moncloa está obligada legalmente a una nueva intentona, que de continuar la vía rápida, podría aprobarse el 2 de diciembre en Consejo de Ministros y ser elevada al Pleno del 9 al 11 de diciembre.
De decaer nuevamente, se activaría el equilibrio presupuestario y sobre él se edificaría un proyecto de Presupuestos que ya llegaría superado el 2025. El cuándo exactamente depende del Gobierno. Podría habilitarse el mes de enero y comenzar a debatir las cuentas cuanto antes; o dedicar el mes a negociarlos y exhibirlos, dilatando su llegada a Cortes a febrero.
El camino de los PGE
La tramitación parlamentaria es similar a otros proyectos de ley, aunque con la especificidad de que se le dará prioridad. La Mesa debe calificarlo y los grupos dispondrán de 15 días para presentar enmiendas, que podrán ser de totalidad o al articulado. Si hubiera de totalidad, que necesariamente serán de devolución y no de texto alternativo, se celebraría un Pleno y, en caso de que prosperase dicha enmienda, los Presupuestos decaerían.
Para que sus señorías estén informados de los pormenores de las cuentas del Estado, los grupos podrán solicitar que comparezcan en comisión autoridades de la administración con rango inferior al de ministro (secretarios de Estado, directores generales…), así como responsables del sector público estatal, como RTVE o la AIRef. También el gobernador del Banco de España también hará lo propio para informar sobre la coyuntura económica.
Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas y celebradas las comparecencias, los PGE se someten a su primer debate parlamentario: el Debate de Totalidad ante el Pleno del Congreso.
Superada esta fase, la Comisión de Presupuestos dispone de 15 días para elaborar un dictamen que será sometido a debate y votación en Pleno para, después, continuar la tramitación en el Senado.
Si la Cámara Alta da su ‘ok’, algo altamente improbable dada la mayoría absoluta del PP, los PGE se publican directamente en el BOE para su entrada en vigor. En caso de que se introdujeran enmiendas, los Presupuestos regresan al Congreso para su estadio final.











