La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves en Sevilla que “no se ha producido un archivo de la denuncia de los cribados del cáncer de mama”, al valorar la resolución de la Fiscalía Superior de Andalucía que acuerda archivar las denuncias sobre la posible responsabilidad penal de altos cargos de la Junta por la gestión del programa de detección de cáncer de mama.
“No es que se haya producido un archivo, es todo lo contrario”, ha recalcado ante los periodistas tras su reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en la que han abordado la actuación de la Administración del Estado en la comunidad ante las incidencias provocadas por la borrasca “Leonardo”.
La también secretaria general del PSOE andaluz ha profundizado en el alcance de la decisión de la Fiscalía Superior y ha puntualizado que lo que ha hecho es “instar a las Fiscalías provinciales a que continúen la investigación que tienen en marcha para que lleguen a acreditar aquellos elementos que puedan tener reproche penal”, en referencia a los problemas sufridos por pacientes con mamografías no concluyentes.
Frente a la idea de que el asunto estaría ya cerrado en los tribunales, Montero ha subrayado que la continuación de las diligencias implica que “fruto de esa investigación pudiera haber algo que supone un indicio para personas que se encuentren aforadas”, lo que, de producirse, obligaría a que “se tendría que volver a dar traslado”.
La vicepresidenta ha incidido en que la Fiscalía Superior ha detectado que “ha habido irregularidades” en la gestión del programa y ha resaltado que “ha afectado a un volumen de personas muy importante, más de 2.500 mujeres”, 2.317 según los datos del Gobierno andaluz, para lamentar a continuación que “no conocemos nada de estas mujeres”.
Por ello, ha pedido “a los tribunales que sigan analizando las consecuencias de esta crisis del cribado de cáncer”, un camino procesal que, a su juicio, “ha establecido también la Fiscalía Superior de Andalucía”.
Montero ha rechazado que la Junta de Andalucía se amparara en “la confidencialidad de los datos” para no facilitar más información sobre las afectadas, precisando que “nadie había pedido los nombres” y recordando que “soy médica y sé perfectamente cuándo unos datos se pueden considerar confidenciales y cuando no”.
En esta línea, ha defendido que “las mujeres de Andalucía tenemos derecho a saber cuántas mujeres posteriormente a esta crisis tan grave, han desarrollado la enfermedad, cuántas han tenido que ser intervenidas, o consecuencias superiores que no quiero ni siquiera enumerar”. “Creo que tenemos derecho”, ha reiterado, aludiendo al elevado número de mujeres implicadas.
La ministra ha denunciado además un trato desigual hacia las víctimas, señalando que “en algunos casos las víctimas comportan toda la atención”, mientras que en otros, “casualmente cuando son mujeres son menos importantes”.
Aludiendo sin nombrarla a la relación del Gobierno andaluz con la asociación Amama, denunciante del caso del cribado de cáncer de mama, ha criticado que “incluso hay determinadas autoridades andaluzas que se dedican a insultarlas” y ha concluido que “evidentemente no es un trato justo, parece que de reproche” cuando “han sido ellas las que hayan puesto de manifiesto un problema de salud tan grave de nuestro sistema sanitario”.