La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde expondrá a las comunidades autónomas su propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, un diseño que ya ha suscitado un amplio rechazo tanto en territorios gobernados por el PP como entre parte de los dirigentes socialistas, al haberse negociado previamente con ERC.
Los consejeros autonómicos están convocados a partir de las 10.30 horas en la sede del Ministerio de Hacienda. No obstante, las distintas comunidades ya han ido fijando públicamente sus posiciones desde que Montero detallara el plan el pasado viernes en una rueda de prensa.
Entre los ejes centrales del modelo figura el aumento del porcentaje de cesión a las comunidades del IRPF, que pasaría del 50% al 55%, y del IVA, del 50% al 56,5%, lo que, según los cálculos del Ejecutivo, permitirá elevar los recursos autonómicos en 16.000 millones de euros en el ejercicio 2027.
El Gobierno también ha redefinido la llamada población ajustada, el indicador que fija el número de habitantes computables en cada territorio, introduciendo ponderaciones sobre factores que inciden en el coste de los servicios públicos y en las necesidades de financiación.
En el ámbito tributario, se incorporan a la cesta de figuras del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
Las comunidades del PP acuden con una propuesta propia
Tras conocerse la propuesta, las comunidades gobernadas por el PP reaccionaron de forma conjunta para mostrar su oposición, alegando que el esquema se habría pactado previamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión en La Moncloa.
Estos gobiernos autonómicos consideran que el planteamiento es un "parche" y centran sus críticas en la ordinalidad, que, según denuncian, se garantizará para Cataluña pero no para el resto de regiones. Algunos ejecutivos han llegado incluso a advertir de que podrían acudir a los tribunales.
Con este contexto, las autonomías del PP acudirán al CPFF de este miércoles con su propio documento sobre financiación autonómica, alineado con las bases que Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del partido suscribieron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid. Esas líneas maestras se reflejaron también en la carta remitida por los consejeros de Hacienda del PP al Gobierno en febrero de 2025, en pleno debate sobre la quita de deuda.
Ese texto, sin embargo, no entra a concretar criterios de reparto de los fondos y se limita a reclamar que se discutan de forma multilateral en los órganos correspondientes. Además, existen diferencias internas entre los propios 'barones' del PP, ya que algunos dirigentes han optado por esperar a que Montero detalle su propuesta antes de fijar una posición más definida.
Críticas desde federaciones socialistas
Las reticencias no se limitan al PP. Varios responsables territoriales del PSOE han expresado sus reservas sobre el nuevo modelo. El dirigente socialista más contundente ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha elevado el tono y ha llegado incluso a reclamar la convocatoria de elecciones.
"Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", proclamó Page.
El Principado de Asturias, la otra comunidad gobernada por el PSOE, también ha mostrado sus dudas, aunque con un discurso más moderado. Su consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, ha señalado que aguardarán al CPFF de esta semana para conocer con detalle el contenido del acuerdo.
El PSOE de Castilla y León igualmente ha rechazado con firmeza la propuesta al considerarla "insuficiente e injusta" con la comunidad, según manifestó su secretario autonómico, Carlos Martínez.
Desde Ferraz y desde federaciones alineadas con la dirección federal se esfuerzan en defender el modelo, insistiendo en que implicará más recursos para todos los territorios y asumiendo que el debate marcará las próximas campañas electorales.
Arranque del nuevo modelo y tramitación legal
El itinerario formal del nuevo sistema de financiación autonómica arranca este miércoles en el CPFF, donde el Gobierno cuenta con el 50% de los votos. Con ese peso y con el respaldo explícito de Cataluña, que ya ha avalado el esquema pactado con ERC, el Ejecutivo confía en sacar adelante su propuesta.
Después del Consejo, Hacienda prevé abrir una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico con cada gobierno autonómico para desgranar los detalles del modelo.
Concluida esa fase, el Ejecutivo someterá a audiencia pública el proyecto de ley orgánica que recogerá la reforma. Posteriormente, el texto volverá al Consejo de Ministros para una segunda aprobación y será remitido al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno espera recabar los apoyos necesarios.
Montero ha subrayado que todos estos elementos deben plasmarse en una ley orgánica, con articulado completo, que sustituya al marco vigente de financiación autonómica. Según las estimaciones del Ministerio, la redacción de esa norma podría completarse en un plazo aproximado de dos meses.
Pese a ello, algunas de las formaciones que sostienen al Gobierno ya han manifestado su oposición al enfoque planteado por la titular de Hacienda.