La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, a ofrecer explicaciones públicas y a depurar responsabilidades por la controversia generada en torno a las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan, en Alicante.
“Aquí ha habido claramente una perversión de lo que debe de ser una promoción de vivienda pública y de protección oficial, y lo que pedimos es responsabilidades porque estamos hablando de hechos muy graves que apuntan a la implicación no solo del Ayuntamiento de Alicante, sino también de la Generalitat Valenciana”, ha aseverado en declaraciones a los medios.
En este sentido, Morant ha recalcado que “tendrá que responder a esto también la vicepresidenta primera y el propio 'president' de la Generalitat, porque si lo que hemos sabido se está extendiendo a toda la Comunitat Valenciana, el PPCV está utilizando la mayor crisis de la vivienda de la historia para hacer negocio y para su propio beneficio, y eso desde luego es absolutamente denunciable”.
Según ha explicado, ya se puede sostener que no se trata de irregularidades “ni presuntas”: “Que una concejal de urbanismo de un ayuntamiento quede como adjudicataria de un piso, que los técnicos municipales que han participado del concurso de esa adjudicación también se queden dos pisos, que haya un jefe de gabinete de una consellera que anteriormente era el jefe de gabinete de la vicealcaldesa de Alicante también se ha adjudicatario de un piso, estas cosas nunca son casualidad”.
Además, la dirigente socialista ha exigido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que ha señalado “como máximo responsable, porque es imposible que con todo lo que ha sucedido en el Ayuntamiento y todo lo que queda por saber no estuviera al corriente y lo haya permitido”.
Respecto a las medidas que el PSPV considera necesarias para evitar que se repitan situaciones similares, ha subrayado que “hay muchas formas de adjudicar vivienda de protección oficial sin cometer fraudes o tráfico de influencias”, mientras que en este caso ha alertado de que “se apunta a cinco delitos como mínimo que se hayan podido cometer”.
“Lo que han hecho es infringir la ley cuando ya existen las leyes para que esto no ocurra. Lo que hay que vislumbrar es precisamente si han incumplido la ley y qué responsabilidades tienen que asumir; no solo las penales, sino también las políticas”, ha argumentado, lamentando que la ciudadanía pueda llegar a pensar si los responsables públicos “se dedican a construir vivienda para repartírsela a ellos mismos”.
En contraposición, ha defendido que “normalmente, en una promoción de vivienda pública en la que el ayuntamiento ha cedido el suelo, salen unas viviendas con un precio mejor y más equitativo, pero salen para las familias que tienen una vulnerabilidad o que necesitan estas viviendas. No ni para venderlas, ni para alquilarlas, desde luego no para venderlas por el doble del precio y en dinero B”. Morant ha enmarcado toda la polémica en “la manera que ha tenido siempre de trabajar el Partido Popular y el modelo de sociedad que defiende el PP”.
Dimisiones y medidas tras el escándalo de las VPP
La controversia estalló tras conocerse que la ya exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Rocío Gómez, así como familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal, figuran entre los adjudicatarios de estas VPP. A raíz de estas revelaciones han presentado su dimisión Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien negó tener vinculación “jurídica, patrimonial ni administrativa” con la promoción, pese a que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Paralelamente, la Generalitat ha acordado la suspensión de empleo y sueldo de un funcionario relacionado con el visado de esta promoción, al ser marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que es “funcionaria del Ayuntamiento de Alicante” y por, supuestamente, omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él mismo formaba parte.
En cuanto a la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala manifestó en el pleno que “al menos dos familiares estaban también implicados” y adelantó: “Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan”. El alcalde anunció igualmente la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades.