El secretario general del PP de Madrid y número dos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, ha anunciado que su partido estudia acciones legales contra la concejala de Móstoles que ha denunciado por acoso al alcalde de esa localidad, Manuel Bautista. Serrano afirma que la concejala actuó de "mala fe" y "prefabricó pruebas" contra la formación por una "vendeta personal". La polémica ha surgido al conocerse que la denunciante habría grabado las conversaciones que mantuvo con responsables del PP madrileño tras haber acusado a Manuel Bautista de acoso laboral y sexual.
En una rueda de prensa a los medios de comunicación desde la sede del partido, en la calle Génova, Serrano ha asegurado que "no existió" acoso a esta concejala y que el asunto se ha destapado ahora en un intento de "construir un caso" para darle "presunción de veracidad" a unas horas de las elecciones en Aragón.
El número dos del PP madrileño ha denunciado que la edil mostoleña ha actuado "de mala fe" llegando a "grabar sin autorización" unas conversaciones en el partido. "No es un caso de acoso sexual y la presidenta (Ayuso) no tiene nada que ver", ha aseverado, a la vez que reclamaba que salgan enteros, "sin cortes ni manipulaciones", los audios que habría registrado la concejala, parte de los cuales se han difundido en prensa.
"Ejercicio de transparencia"
Alfonso Serrano también ha defendido el “ejercicio de transparencia” llevado a cabo por la Comunidad de Madrid al hacer públicos los correos remitidos por la concejala implicada en la acusación de acoso contra el alcalde, Manuel Bautista, insistiendo en que “no tienen nada que ocultar”.
Serrano ha explicado que el Ejecutivo regional intentó “anonimizar los datos”, aunque ha admitido que se produjo “un error” en un fragmento concreto que posteriormente fue corregido.
Sus palabras llegan después de que el abogado de la concejala haya avanzado que la próxima semana presentará una denuncia en los juzgados por un presunto delito de acoso sexual, así como otra acción legal contra la Comunidad de Madrid por la supuesta filtración de correos personales.
Según sostiene la afectada, se habría producido “una invasión” de su cuenta de correo oficial, con accesos sin autorización, eliminación de mensajes y uso del contenido con fines ajenos a su desempeño como cargo público.