QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo miércoles, 29 de octubre, un juzgado madrileño pretende ejecutar el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que lleva casi siete décadas viviendo en la misma vivienda del barrio de Ibiza, en el distrito de Retiro. El fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L. reclama su salida o un incremento del alquiler del 275%, de 600 a 1.650 euros mensuales, cifra imposible de asumir con su pensión de 1.450 euros, tal y como explican desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
El conflicto tiene su origen en el contrato de renta antigua que su padre firmó en 1956, amparado por la legislación vigente entre 1950 y 1985, cuando los arrendamientos de vivienda tenían carácter vitalicio y podían subrogarse al cónyuge o descendientes convivientes.
Esa protección desapareció con el Real Decreto-Ley 2/1985, conocido como ‘Decreto Boyer’, que eliminó la prórroga forzosa para los contratos posteriores, aunque mantuvo los anteriores bajo el régimen de “renta antigua”.
Tras la muerte del padre, el contrato pasó a la madre y, en 2005, a Maricarmen, que continuó pagando la renta actualizada conforme al IPC. Sin embargo, Urbagestión —propietaria del inmueble desde 2020— llevó el caso a los tribunales alegando que la subrogación debía haberse extinguido en 2007.
Pese a que la inquilina ganó en primera instancia, el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa en marzo pasado, basándose en que la segunda subrogación solo puede durar dos años, salvo que el heredero tenga una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, con un 50% reconocido, no cumple ese requisito.
#NosQuedamos
El Sindicato de Inquilinas, que acompaña a Maricarmen en su defensa, denuncia que la sentencia “prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley”, recordando que el artículo 3 del Código Civil obliga a interpretar las normas conforme “a la realidad social del tiempo” y la voluntad del legislador. También subraya que la situación se agrava por el contexto de “leyes machistas del franquismo”, que impidieron que la madre de Maricarmen figurara como titular del contrato original.
Desde 2023, la octogenaria participa en la campaña #NosQuedamos, que promueve la resistencia frente a los “desahucios invisibles” y defiende la indefinición de los contratos de alquiler como vía para garantizar el derecho a la vivienda. “Frenar esta expulsión —afirman desde el Sindicato— es una forma de luchar por el derecho a la vivienda de todos los madrileños”.
Movilización de apoyo a Maricarmen
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado una movilización, para este lunes 27 de octubre a las 18:30 horas, por el barrio del Retiro en apoyo a Maricarmen, que irá desde la puerta de la Biblioteca Eugenio Trías hasta el portal de su vivienda en C/Alcalde Sainz de Baranda, 46.
La comisión judicial para el desahucio está fijada para el miércoles, 29 de octubre, a las 10:30 horas.
