La Asamblea Regional de Murcia ha dado luz verde este miércoles a la ley de Presupuestos Generales para 2025, gracias a los votos de los 21 diputados del PP y la abstención de los nueve de Vox. En contraste, los representantes del Grupo Parlamentario Socialista y del Mixto se han posicionado en contra.
Durante el pleno, se produjo un incidente notable cuando María Marín, portavoz de Podemos-IU-AV, colocó un capirote blanco en la mesa de José Ángel Antelo, portavoz de Vox, evocando los atuendos del Ku Klux Klan. La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, intervino reprendiendo a Marín y retirando el objeto, mientras Antelo retaba a Marín a repetir sus palabras en voz alta para «ponerle a usted una querella».
UNA REGIÓN ‘EN BLANCO Y NEGRO’
Carmina Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, criticó duramente los presupuestos, afirmando que «consolidan las políticas más ultras y reaccionarias que nunca se han desarrollado en la Región». Acusó al presidente López Miras de adoptar una postura política alineada con la extrema derecha. Fernández denunció medidas como el cierre de centros para menores migrantes y la eliminación de programas de integración, y pidió a López Miras que rompa su acuerdo con Vox.
Fernández también presentó 191 enmiendas valoradas en 400 millones de euros, buscando modificar aspectos del presupuesto que considera extremos. Sus propuestas incluyen mejoras en educación, sanidad, y lucha contra la pobreza y la violencia de género.
UNOS PRESUPUESTOS ‘GATOPARDISTAS’
Por su parte, Rubén Martínez Alpañez de Vox describió los presupuestos como «gatopardistas» y criticó a los partidos tradicionales por décadas de «corrupción y engaño». A su vez, María Marín atacó a PP y Vox por políticas que considera discriminatorias y perjudiciales para sectores vulnerables.
En contraste, Joaquín Segado, del PP, defendió los presupuestos como centrados en la libertad y criticó la gestión del gobierno central, especialmente en temas de financiación y políticas migratorias, acusando al gobierno de Sánchez de favorecer desigualdades en el país.
Las enmiendas de los grupos Socialista y Mixto fueron rechazadas, y finalmente, el proyecto se convirtió en ley tras la votación final.