El Gobierno de Navarra ha expresado este miércoles su rechazo a la proposición de ley registrada por UPN para modificar la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. La iniciativa de la formación regionalista pretende “establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.
El Ejecutivo navarro sostiene que esta iniciativa “no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar”, al entender que “puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia”. Así lo ha señalado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.
Según ha expuesto la consejera, “desde el punto de vista criminológico, el origen de las personas que delinquen no tiene la más mínima afección, ni para la prevención, ni para la reducción de la criminalidad. Quien diga que publicar el origen de las personas detenidas reduce la delincuencia, miente. Y además lo hace de forma consciente y contra la evidencia científica”.
En esta línea, el Gobierno considera que “la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad”.
El Ejecutivo foral añade que “la indicación sistemática del país de origen de personas detenidas por la presunta comisión de un delito no es neutra y, además de vulnerar principios básicos de igualdad, proporcionalidad y responsabilidad social, puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia”.
Preguntada por los medios sobre si “se siente cómoda” en un Gobierno en el que participa Geroa Bai (coalición en la que se integra el PNV, que en el Gobierno Vasco sí ha respaldado una propuesta similar), Alfaro ha respondido que “para preguntas de qué motiva al Gobierno Vasco, entiendo que esa pregunta hay que formulársela al Gobierno Vasco. En cualquier caso, la comodidad personal que siento dentro del Gobierno con los compañeros y compañeras del resto de formaciones políticas es total y absoluta”.
Ha subrayado que “hay una posición clara dentro del Gobierno” foral, con “total claridad, rotundidad y sustento normativo y jurisprudencial”, de que “esta medida en absoluto ayuda a prevenir el delito”.
Alfaro se ha reivindicado como “una firme defensora de toda la arquitectura legal que se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, ligada a no discriminar por motivos de género, etnia, raza”. En este sentido, ha apuntado que “a mí jamás se me ocurriría, por ejemplo, preguntar por la ideología, la religión de los defraudadores a la Hacienda Foral, de quien incurre un delito de apropiación indebida, prevaricación”. “Porque no ayudaría a prevenir el delito. Y es la misma filosofía que sustenta que hayamos adoptado esta posición”, ha añadido.
Fundamento legal europeo, estatal y foral
La vicepresidenta ha explicado que la postura del Gobierno de Navarra “se basa en la numerosa legislación europea, estatal y foral contraria a la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión”.
En primer lugar, ha aludido a la recomendación de Política General número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que “define el perfilado étnico como el uso, sin justificación objetiva y razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico en actividades de control o investigación, considerando dichas prácticas como discriminatorias y basadas frecuentemente en estereotipos, que conducen a la criminalización de minorías”.
Asimismo, el Ejecutivo recuerda la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que “reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la nacionalidad y prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico, imponiendo a los poderes públicos un deber de prevención”.
En el plano foral, cita el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra, aprobado en 2002, que “establece, respecto al ámbito de justicia y seguridad, la necesidad de prevenir el racismo institucional, velar por la no discriminación por motivo de raza u origen étnico/migrante en la legislación foral y en la actuación administrativa, dotar a la Administración de mecanismos de observación y control y garantizar prácticas no discriminatorias en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.
Críticas a la propuesta de UPN y riesgos de estigmatización
La proposición de ley foral de UPN, finalmente rechazada por el Ejecutivo, planteaba incorporar un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de “establecer la obligación de la Administración Foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.
El texto registrado por UPN sostenía que “la finalidad es contribuir, junto al análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y a la reducción de la criminalidad”.
Sin embargo, “lejos de este punto de vista”, la Dirección de Políticas Migratorias ha elaborado un informe en el que concluye que “aportar sistemáticamente estos datos contribuye a reforzar estereotipos negativos, promueve la estigmatización colectiva por una conducta individual, genera una percepción distorsionada y puede tener un impacto social acumulativo, ya que aunque una sola mención pueda parecer irrelevante, su reiteración en el discurso puede contribuir a la polarización social, discriminación cotidiana, discurso de odio y violencia simbólica o incluso física contra determinados colectivos”.
El documento advierte también de que “al oír con frecuencia noticias que destacan el origen extranjero, algunas personas pueden sobreestimar la proporción real de delitos cometidos por población migrante, aunque los datos no lo respalden”.