QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros aprobará este martes un informe que será el primer paso del Gobierno para atajar los problemas derivados del acceso de menores a contenidos pornográficos en Internet. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una entrevista en El País que su intención es aprobar una ley integral de protección de jóvenes frente a este tipo de material para adultos. Y este solo sería uno de los ejes de la estrategia que pretende desplegar, ya que impulsará un Pacto de Estado y una planificación de políticas multidisciplinar.
El documento que aprobará el Consejo de Ministros es el Informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en Internet, en cuyas líneas se fijan nuevas metas. “Los datos son demoledores. Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno. Casi la mitad de los jóvenes de menores de 15 lo consumen. Y esto no es puritanismo. Esto afecta a la formación de nuestros adolescentes y también a los comportamientos futuros que puedan tener en un tema tan trascendental como es la igualdad”, aseveró Sánchez.
«Los datos son demoledores. Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno»
Pedro Sánchez
Desde Moncloa apuntan a que, aprobado el informe, comenzará un trabajo interministerial en el que participarán fundamentalmente Juventud e Infancia; Educación, Formación Profesional y Deportes; Igualdad; y Transformación Digital y Función Pública. Además, el Pacto de Estado contemplaría la participación de los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, asociaciones especializadas y plataformas digitales.
La cartera de José Luis Escrivá adquirirá un rol nuclear puesto que uno de los objetivos es poner coto al acceso a contenidos inadecuados mediante una herramienta tecnológica. El pasado mes de diciembre la Agencia Española de Protección de Datos ya presentó un sistema de verificación de edad y se prevé que esté lista en el verano de 2024. Se desconoce aún si se trata de una aplicación, un código QR o un certificado digital. Sí que ha trascendido que el mecanismo tratará el atributo de la edad sin que la identidad de la persona sea accesible para páginas web e impondrá una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales.
Uno de los principales agujeros en los sistemas actuales de verificación de edad es que son fácilmente eludibles, puesto que en buena parte de los casos basta con autodeclararse mayor de edad.
La Ley General de Comunicación Audiovisual, en su artículo 99, obliga a “proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital” para acceder a contenidos nocivos. No obstante, este precepto solo obliga a las televisiones o canales y plataformas ubicadas en territorio español o comunitario.
El acuerdo de Gobierno rubricado entre el PSOE y Sumar anticipó que trabajarían “nuevas medidas para enfrentar los retos actuales, como el acoso y la violencia en el ámbito digital y de las redes sociales, especialmente en relación con los menores y las más jóvenes”.
Un precedente
La pasada legislatura Junts, integrado en el Grupo Parlamentario Plural, registró una Proposición de ley Orgánica de refuerzo de las medidas para restringir el acceso de los menores de dieciséis años a la pornografía. La iniciativa fue registrada en mayo de 2023 y decayó sin siquiera llegar a debatirse por la disolución anticipada de las Cortes Generales.
El texto planteaba la modificación de tres leyes: el Código Penal, la ley General de la Comunicación Audiovisual y la de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
En concreto, pretendían modificar el artículo 46 de la Ley de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para obligar a las empresas que pongan a la venta dispositivos con acceso a internet a que, por defecto, lleven activado el control parental de tal manera que únicamente pueda desactivarla un adulto.
También establecía la posibilidad de que la CNMC pudiera recurrir a la autoridad judicial para que ordenase el cese de la actividad de plataformas que incumplieran las obligaciones de especial protección a los menores; y medidas para luchar contra los deepfakes, una técnica de manipulación de contenido multimedia que genera vídeos o audios hiperrealistas y que suele utilizarse en el ámbito pornográfico.
