QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno central junto al Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo este viernes para la elaboración de un decreto-ley que será ratificado en el Congreso de los Diputados antes de que concluya el año, con el objetivo de fomentar y agilizar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del ‘Tajogaite’. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado al término de la sesión de la comisión mixta que se ha decidido emplear esta figura legislativa, pendiente del informe del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado, y se espera su aprobación en el Consejo de Ministros en la primera quincena de noviembre.
El decreto contemplará principalmente una reducción del 60% en el IRPF para los habitantes de la isla, una asignación de 100 millones de euros para compensaciones en el sector agrícola y la introducción de nuevas disposiciones legales para agilizar ciertos trámites administrativos. Torres ha asegurado que el decreto no será ómnibus sino específico para La Palma o, alternativamente, relacionado con emergencias naturales.
‘La certeza que nos pedían la tienen por parte del Gobierno de España. Necesitamos simplemente que nos diga la Abogacía del Estado que es urgente y que cabe la necesidad de ese decreto ley, pero ya adelanto que nos inclinamos por esa fórmula jurídica’, ha declarado Torres, quien también ha instado a todas las fuerzas políticas del Congreso a que ‘si es posible todos los grupos políticos aprueben medidas absolutamente justas para la reconstrucción de una isla por las consecuencias del volcán’, desmarcando este decreto-ley de otras negociaciones realizadas esta semana por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Torres ha reconocido que la isla aún ‘queda trecho’ para su recuperación económica y social, aunque ha resaltado un crecimiento de población de 3.000 habitantes, destacando la ‘lealtad’ en la comisión mixta a pesar de las ‘diferencias’ entre las diferentes formaciones políticas y administraciones públicas.
El ministro ha proporcionado detalles sobre la contribución del Gobierno central a la reconstrucción, que asciende a unos 1.100 millones de euros, habiendo ya cubierto todas las compensaciones por pérdida de la primera vivienda —465 millones de euros—, 135 millones en infraestructuras, 53 millones en convenios de obras municipales o 40 millones para la diversificación energética.
Mariano Hernández Zapata (PP), consejero de Transición Ecológica y Energía, presente en la mesa de la comisión, ha recalcado el apoyo incondicional de su partido a La Palma, destacando la aprobación de cuatro decretos sobre la isla y la abstención en otros dos que incluían temas adicionales.
‘Vamos a ver qué sucede de aquí a la primera quincena del mes de noviembre, cómo se aprueba el decreto y qué contiene y lo que aseguro es que haremos todo lo posible para que si solo contiene asuntos relacionados con la isla de La Palma, cuente también con el apoyo del Partido Popular’, ha comentado.
