QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que en breve se presentará una propuesta revisada para el modelo de financiación autonómica, motivando a las comunidades autónomas a recalcar la importancia de ciertos criterios en el nuevo esquema. Algunas comunidades subrayan la necesidad de ajustar los cálculos a la población, mientras otras prefieren dar prioridad al PIB regional. No obstante, la mayoría se inclina por considerar aspectos como la despoblación o el envejecimiento.
El Gobierno aún no ha proporcionado detalles concretos sobre la estructura del nuevo modelo, solo ha expresado su deseo de integrar enfoques multilaterales y bilaterales. La última versión propuesta por Hacienda se centró en la población ajustada, pero no prosperó.
Se espera que el Gobierno decida si continuará desarrollando el borrador previamente enviado a las comunidades o si optará por una estrategia diferente. Las comunidades autónomas y el Gobierno han sugerido que el nuevo modelo de financiación autonómica podría sufrir cambios significativos.
Además, se prevé que el Gobierno elimine las entregas a cuenta en los años venideros, lo que afectará el sistema financiero vigente. Este nuevo marco también deberá incluir consideraciones específicas para Cataluña, como resultado de acuerdos entre el Gobierno central y el liderazgo de Salvador Illa.
OCHO CCAA UNIDAS POR LA DESPOBLACIÓN
El debate sobre el sistema de financiación siempre ha generado diversas opiniones. Ocho regiones, entre ellas Galicia, Asturias y Castilla y León, están solicitando que se prioricen la despoblación y el envejecimiento. Dichas comunidades sostienen que estos factores generan altos costes para sus finanzas.
Por otro lado, regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, consideradas ‘infrafinanciadas’, están abogando por dar más peso a la población ajustada en el nuevo esquema financiero.
Madrid, Cataluña y Baleares, por su parte, proponen que se tenga en cuenta el PIB regional. Baleares y Canarias, además, piden que se reconozca la insularidad como un criterio relevante en el sistema de financiación.
El Gobierno enfatiza la necesidad de un consenso entre las principales fuerzas políticas, PSOE y PP, para avanzar en este modelo de financiación, instando a un acuerdo entre los diversos criterios planteados por las autonomías.
