ERC, Comuns y la CUP rechazan la propuesta de resolución que busca modificar la Ley de Función Pública, la cual se someterá a votación en el Parlament esta tarde. Dicha modificación propone otorgar el estatus de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones catalanas.
Durante una conferencia de prensa en el Parlament, junto a la red Dret i Presó –compuesta por 10 organizaciones enfocadas en los derechos humanos en prisión–, el abogado David Aranda de Arrels Advocats y miembro de Alerta Solidària, declaró que “no tiene una trascendencia real en la protección de los funcionarios de prisiones”.
Aranda criticó la medida como “una respuesta a chantajes y presiones sindicales” y afirmó que no se justifica por una necesidad real, sino que es una medida superficial. Además, subrayó que los funcionarios ya están protegidos por el delito de atentado contra la autoridad, por lo que esta nueva clasificación no les proporcionaría mayor seguridad.
El abogado también recordó palabras de Carlos García Valdés, fundador de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, quien celebró que por primera vez los funcionarios de prisiones serían un cuerpo civil, buscando una despolicialización de las prisiones. “Estamos retrocediendo a tiempos del franquismo en materia penitenciaria, volviendo a querer policializar los cuerpos de funcionarios de prisiones”, declaró en representación de la red.
Si la modificación es aprobada, podría perjudicar a los reclusos, sujetos a la disciplina penitenciaria y a procedimientos sancionadores administrativos. Actualmente, los internos tienen presunción de inocencia ante el juez de vigilancia penitenciaria, siendo responsabilidad del funcionario demostrar cualquier infracción por parte del recluso. Con el cambio, los testimonios de los funcionarios tendrían mayor peso que los de los internos, lo que, según Aranda, “dota de mayor poder a los funcionarios que a los internos, dejando a estos últimos en una situación muy desequilibrada”.