El Gobierno negocia con Más País la posibilidad de limitar y endurecer los requisitos de las denominadas golden visa, permisos de residencia concedidos para las fortunas extranjeras que compren una vivienda en España por valor de 500.000 euros. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que están explorando las opciones y, según apuntan a Demócrata, someterán la iniciativa a debate con el resto de ministerios implicados: Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Asuntos Económicos; y Exteriores.
La formación liderada por Íñigo Errejón registró el pasado febrero una Proposición de ley para suprimir las golden visa que no estuvieran vinculadas con proyectos realmente beneficiosas para el común de la ciudadanía. Una medida de la que el Gobierno tomó nota.
En las últimas horas han aflorado conversaciones entre los de Errejón y el ministerio comandado por José Luis Escrivá. Ambas partes han confirmado públicamente este extremo, precisando que la iniciativa aún está “muy verde”. Fuentes del Gobierno explican que es un tema que “aún está a examen”. Añaden que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está considerando distintas opciones y, antes de concretar nada, valorarán la iniciativa con el resto de carteras a las que afecta: Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Exteriores y Asuntos Económicos.
Impacto
La Proposición de ley de Más País plantea modificar el artículo 63 de la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para endurecer los requisitos para obtener la golden visa. Actualmente, el articulado permite a inversores extranjeros obtener el pasaporte si compran una vivienda de valor igual o superior a 500.000 euros. El articulado fue diseñado para paliar la crisis económica de la época aumentando las inversiones, la captación de talento y de recursos. Sin embargo, en varias ocasiones el Parlamento Europeo ha manifestado su preocupación por la procedencia de estos capitales, ya que no se investiga su origen y pueden suponer una oportunidad para lavar dinero. La V Directiva Europea de prevención del blanqueo de capitales exige contar con un Registro de Titularidades Reales central, organismo que “España aún no tiene”, según denuncia Más País. En consecuencia, tal y como ha alertado Transparencia Internacional, existe un riesgo extremadamente alto de seguridad, delincuencia y blanqueo en este tipo de incentivos.
Además, en la exposición de motivos, Más País lamentaba que imponer una cifra concreta fomenta que se paguen cantidades desorbitadas por inmuebles por debajo de ese umbral, lo que tensiona el mercado inmobiliario. Asimismo, si los inmuebles comprados por extranjeros no fueran para uno de vivienda habitual sino para actividades comerciales, se alteraría el entorno económico.
Condiciones más duras
Por todo ello, la formación de Errejón aboga por sustituir el requisito de la compra de inmuebles por el de la ejecución de un proyecto empresarial considerado y acreditado como de interés general. Se valoraría, por tanto, condiciones tales como la creación de puestos de trabajo; la realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad; y/o la aportación a la innovación científica/tecnológica.