El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la necesidad de “primero ganar la batalla política” en torno al nuevo modelo de financiación autonómica antes de plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya han hecho otras comunidades.
Durante su visita a las obras del nuevo campus de la Universidad de Alcalá y en declaraciones posteriores a los periodistas, ha reiterado su rechazo al actual planteamiento de financiación autonómica, asegurando que está convencido de que no prosperará. “No debe salir”, ha subrayado.
Cuestionado por los medios sobre si su Ejecutivo acudirá finalmente al Tribunal Constitucional, ha insistido en que su prioridad es “ganar la batalla políticamente” y que, después, en el plano jurídico “habrá que hacer lo que habrá que hacer”.
“Ya he visto que algunas autonomías enseguida van al recurso de constitucionalidad, como si no estuviera claro el panorama constitucional. Lo primero que hay que hacer es dar la batalla, hay que retirar el intento de ruptura de la igualdad de España”, ha reiterado el presidente autonómico.
C-LM LO TIENE “MUY CLARO”
Sobre esta misma cuestión se ha pronunciado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien en una rueda de prensa en Toledo ha señalado que “queda muy en evidencia” que García-Page “defiende los intereses de Castilla-La Mancha” y que la Comunidad Autónoma tiene “muy clara” su postura frente al modelo de financiación.
“Defendemos la igualdad entre todos los ciudadanos de este país y por eso decimos que no solo se trata de recibir más, sino de recibir lo justo, de recibir la financiación suficiente para garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y se lo decimos al PSOE, se lo decimos al PP y a cualquier otro que quiera romper con el principio de igualdad”, ha reivindicado la portavoz.
En la misma comparecencia, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha vinculado el debate de la financiación con la Estrategia contra la Despoblación, recordando que en las áreas con menor densidad de población la prestación de servicios públicos “son muchísimo más caros que en las zonas urbanas”.
“Para garantizar la educación en las zonas afectadas por despoblación necesitamos 3.136 profesores más que si estuvieran en las zonas urbanas. Solo en transporte escolar cada alumno que vive en estas zonas nos cuesta más de 1.200 euros al año para garantizar que la gente tiene igualdad de acceso a la educación en el medio rural. Si hablamos del ámbito sanitario, la atención de emergencia en Molina de Aragón es 37 veces más cara que en Guadalajara capital. Y esto lo tiene que pagar el conjunto del sistema de financiación”, ha expuesto, reclamando que el modelo tenga en cuenta estos sobrecostes.