En una sesión reciente, el Pleno del Parlament de Cataluña ha decidido, mediante un proceso de lectura única, respaldar la propuesta de PSC-Units que busca consolidar en un solo documento diversas normativas actuales de la función pública catalana. Esta medida incluye la designación del personal funcionario y directivo de centros penitenciarios como agentes de la autoridad.
La aprobación contó con el apoyo de PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, mientras que ERC, Comuns y CUP se opusieron. La discusión y votación de la propuesta se realizará en el próximo pleno, permitiendo a los grupos políticos presentar enmiendas de consideración.
De ser ratificado el texto, se otorgará a los funcionarios y directivos de prisiones que desempeñen labores de régimen interior, un estatus legal que les proporcionará «seguridad y protección jurídica» en sus actividades. Además, se establecerá la obligación para la Generalitat de compensar a estos trabajadores en caso de sufrir lesiones o daños materiales durante su servicio.
Este reconocimiento colocaría a los funcionarios de prisiones en una posición similar a la de otros cuerpos como los Mossos d’Esquadra, que ya disfrutan del estatus de agentes de la autoridad.