En la última sesión del Pleno del Parlament, se ha dado luz verde para procesar mediante lectura única una propuesta del PSC-Units, que busca consolidar en un solo documento varios mandatos legales vigentes en Cataluña relacionados con la administración pública. Esta medida incluirá categorizar al personal directivo y funcionario de las cárceles como agentes de la autoridad.
La iniciativa ha contado con el respaldo de PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, aunque ha sido rechazada por ERC, Comuns y CUP.
Los debates y la votación final sobre esta propuesta tendrán lugar en el próximo pleno, una vez que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad.
De ser aprobada, esta disposición conferirá el estatus de agentes de la autoridad a los funcionarios y directivos encargados del régimen interno de las prisiones, buscando «dar seguridad y protección jurídica» en el desempeño de sus funciones.
Adicionalmente, se establecerá la obligación para la Generalitat de compensar económicamente a estos trabajadores en casos de lesiones o daños materiales ocurridos durante su labor, situándolos así al mismo nivel de protección que otros grupos reconocidos como agentes de la autoridad, como los Mossos d’Esquadra.