La sesión plenaria del Parlamento de Canarias ha visto cómo se desestimaba una propuesta de Vox que buscaba abordar la inmigración irregular, con la oposición de partidos como PSOE, CC, PP, NC-BC, ASG y AHI. La Proposición No de Ley sugería medidas como reclamar a naciones el reembolso de gastos por la atención a migrantes, evitar registros fraudulentos, restringir acceso a ayudas sociales, cesar subvenciones a ONGs que fomenten la inmigración irregular y suspender cooperación con países no colaborativos en esta materia.
Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha subrayado que la inmigración irregular «es un problema» y ha criticado que la única respuesta del gobierno regional sea solicitar más fondos para menores y pedir su traslado a otras comunidades. Galván ha instado a respetar la ley de extranjería y los acuerdos con naciones africanas para facilitar las repatriaciones, además de presionar por el reembolso de gastos realizados en sus ciudadanos.
Galván ha vinculado inmigración con delincuencia, mencionando estadísticas del INE que indican una «conducta incompatible» con la sociedad española y ha criticado el elevado costo económico de la inmigración ilegal. Además, ha manifestado: «Quieran ustedes o no, señorías, la única solución al problema de la inmigración ilegal pasa por acabar con las políticas de efecto llamada».
Raúl Acosta del Grupo Mixto ha rechazado la iniciativa sin desear debatirla más. Jesús Ramos de ASG ha destacado aspectos positivos de la inmigración, mientras que Luis Campos de NC-BC ha rechazado la propuesta por considerarla deshumanizante hacia los migrantes. Jacob Qadri del PP ha criticado la propuesta por estar «al margen de la ley» y ha acusado al Gobierno de negligencia, especialmente en la atención a menores migrantes.
Jana González de CC ha desmentido las afirmaciones de Vox sobre inmigración, acusando a la propuesta de fomentar el odio y el racismo. Elena Máñez del PSOE ha descrito la PNL como una «aberración» y ha urgido al Gobierno de Canarias a comprometerse con un pacto social contra los delitos de odio, señalando: «Es el momento, señorías, de actuar, de que el Gobierno se comprometa y haga ese pacto, porque lo que estamos escuchando es peligroso para Canarias, para la convivencia democrática, porque esta tierra no es ni racista ni xenófoba».
