En una reciente sesión plenaria del Parlamento Vasco, se ha rechazado la posibilidad de discutir una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba permitir a las comunidades autónomas fijar un Salario Mínimo Interprofesional “aplicable en su territorio”. Esta medida habría abierto la puerta para que Euskadi estableciera un SMI “propio”. Sin embargo, la propuesta no prosperó, obteniendo 44 votos en contra por parte de PNV, PSE, PP y Vox, y solo 27 a favor, correspondientes a EH Bildu y Sumar.
Durante el debate, Mikel Lakuntza, secretario general de ELA, defendió la ILP argumentando que el salario mínimo vigente en España es insuficiente para superar la pobreza, destacando que “el salario mínimo establecido en España no sirve para salir de la pobreza porque en este país, como cualquiera sabe, no se puede salir de la pobreza con 1.184 euros mensuales”. Lakuntza enfatizó la necesidad de que Euskadi tenga la capacidad de decidir su propio SMI, proponiendo una modificación en el Estatuto de los Trabajadores a nivel estatal que permitiera esta autonomía.
El debate se centró además en las implicaciones de permitir a cada comunidad autónoma establecer su propio SMI. Ekain Rico, del PSE, argumentó que esto podría llevar a una “competencia insolidaria” y aumentar las desigualdades entre trabajadores de diferentes regiones. Desde el PP, Álvaro Gotxi expresó preocupaciones similares, sugiriendo que un SMI muy alto podría excluir a muchos trabajadores del mercado laboral.
Por su parte, Jon Hernández de Sumar apoyó la idea de un salario ajustado al costo de vida en Euskadi pero criticó la metodología propuesta en la ILP por potencialmente permitir mínimos inferiores al estatal. Finalmente, Amaia Martínez de Vox rechazó la idea de un SMI regional diferenciado por una cuestión de “coherencia política”, manteniendo que debería ser uniforme en toda España.