El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado este martes en Castelló que la Ley de Simplificación Administrativa que se tramita en Les Corts incluirá una enmienda destinada a reforzar los servicios y los procedimientos de adjudicación de las viviendas, incorporando el arraigo como criterio, “que permitirá dar prioridad a los vecinos de la localidad donde se construyen las viviendas a la hora de adquirirlas”.
Pérez Llorca ha realizado este anuncio ante los medios durante su visita a Castelló, donde ha participado en la presentación de dos nuevas promociones residenciales integradas en el Plan Vive.
El jefe del Consell ha subrayado que se potenciarán la publicidad, la transparencia y los mecanismos de control “que garanticen la correcta adjudicación y el correcto uso de las viviendas de protección pública”, y que se añadirá el arragio, “criterio solicitado por la gran mayoría de alcaldes de los municipios, para que los que llevan más tiempo viviendo en la localidad donde se construyen las viviendas tengan derecho preferente para adquirirlas”.
“Si hemos conseguido que muchos municipios participen en este Plan Vive de diverso color político, sería una desfachatez no atender las peticiones de los alcaldes”, ha afirmado.
Al ser preguntado por si hacían falta más controles tras conocerse la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, ha respondido que es “evidente”. “Creo que las cosas siempre hay que hacerlas bien, aquellos que hicieron poco y controlaron nada han demostrado que había que mejorar los sistemas, y eso es lo que vamos a hacer para que las adjudicaciones sean mucho más justas”, ha señalado.
Críticas a la gestión anterior y refuerzo de los controles
En su opinión, los hechos ocurridos en Alicante se debieron a que “hubo falta de control”, y ha remarcado que “habría que exigir responsabilidades a aquellos que gobernaban en el año en que se produjeron esos hechos”. “No soy persona de confrontar, sino de solucionar, y cuando las cosas no van bien se cambian, se refuerzan y se mejoran y se busca que la adqusisición de las viviendas sea utilizando el proceso más justo posible”, ha apuntado.
Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, cuestionada sobre si los vecinos de Castellón pueden confiar en que no se repetirán casos como el de Alicante, ha asegurado que “sin duda”. “Vamos a ser muy exhaustivos y que se cumplan todos los requisitos legalmente establecios”, ha indicado.
En esta línea, Pérez Llorca ha recalcado que “ahora hay una administración seria que controla las cosas, que está encima de los temas, y el problema es que antes había una administración de la Generalitat que no estaba haciendo la labor de inspección que corresponde”.
El 'president' ha transmitido “absoluta tranquilidad porque hay una Conselleria muy centrada en la materia de la vivienda, que está haciendo un gran trabajo y que va a reforzar los controles”.
Investigación sobre adjudicaciones y responsabilidades
Cuestionado sobre si le incomoda el último caso publicado de adjudicatario de una vivienda, una persona que sería alta funcionaria de la administración, Pérez Llorca ha indicado que lo que le ha indignado, “igual que a cualquier vecino de esta Comunitat”, es que “en un tema tan sensible como la vivienda, que está tan abandonado tanto tiempo, sobre todo por el anterior gobierno, ha habido unos jetas que tenían información privilegiada y que supuestamente se han aprovechado de su situación para obtener una vivienda que cualquier otra persona de las mismas características no podía optar porque no tenía esa información”.
“Eso es lo que queremos corregir y lo que queremos que no vuelva a pasar, y hay que incidir mucho más en reforzar esos controles”, ha recalcado el dirigente autonómico, quien ha recordado que “esos hechos pasaron en un momento en que no estaba el gobierno del cambio”, y ha insistido en que fue el PP quien detectó que había un funcionario ascendido por el anterior gobierno del Botànic, -que era cónyuge de una de las solicitantes de vivienda de protección pública en Alicante- al que “le suspendieron de empleo y sueldo”.
“Ahora que está investigándose -al funcionario- he leído que el fiscal centra la investigación en ese funcionario, es decir, unos lo ascienden, nosotros lo apartamos y nos piden explicaciones a nosotros”, ha lamentado.
“Creo que ahí, más allá de querer saber la verdad, lo que pretenden los partidos de la oposición es intentar ensuciar algo que está funcionando muy bien, pues incluso hay alcaldes de sus partidos en este Plan Vive que ha supuesto la construcción o el inicio de la construcción de 4.500 viviendas”, ha añadido.