QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar fijó los permisos parentales, tras la reunión con el PSOE a raíz de saltar por los aires el ‘caso Cerdán’, como caballo de batalla en la coalición para reactivar la agenda social del Gobierno. Marcaron entonces un objetivo: aprobarlos por decreto-ley antes del parón de la actividad política en agosto.
La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, llegó a garantizar su aprobación y días después la propia vicepresidenta Yolanda Díaz elevó su desafío: enseñó ante todo el Pleno del Congreso el decreto-ley y aseguró que tanto ella como su ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llevarían la reforma en mano al próximo Consejo de Ministros.
Ese Consejo llegó esta semana y los permisos no fueron objeto de debate.
En lugar de llevarlos en mano, Sumar ha decidido tratar de tramitar el decreto-ley por el cauce convencional y llevará la medida en la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), prevista para el próximo lunes 21 de julio.
La Comisión está presidida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y tiene como vicepresidenta a María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, a la que desde Sumar señalan como principal impedimento para poder aprobar unas medidas ya pactadas al inicio de la legislatura.
Los permisos, o al menos parte de ellos, iban a formar parte del paquete de medidas de los primeros Presupuestos Generales del Estado de la coalición, sobre los que no hay noticia un año y medio después de su constitución.
Y hay que desbordar optimismo para imaginarlos en unos meses, bajo la exigencia de incorporar en ellos el aumento de gasto militar, una aritmética parlamentaria casi imposible y la desconfianza entre los aliados del Gobierno tras un presunto caso de corrupción que salpica a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE –Santos Cerdán y José Luis Ábalos–.
Es precisamente por ello por lo que Sumar exige reactivar las iniciativas con mayor carga social, de cara a aprovechar al máximo lo que queda la legislatura y recuperar protagonismo en el debate político.
En caso de superar el examen del CDGAE, el asunto sería elevado al Consejo de Ministros, con la única opción del día 29 de julio, última reunión de carácter ordinario antes de interrumpir la actividad política unas semanas durante agosto.
¿Qué permisos incluiría el decreto-ley?
- Ampliación de 16 a 20 semanas de los permisos por nacimiento, con un coste de 948 millones (237 millones por cada semana ampliada).
- Retribución de cuatro de las ocho semanas de permisos parentales de cuidados, con un coste de 1.344 millones (336 millones por semana remunerada)
- Equiparación a las familias monomarentales, reconociendo 34 semanas de permiso por nacimiento, con un coste de 135 millones (7,5 millones por cada semana)
En total, las medidas tendrían un impacto de 2.427 millones, según las estimaciones realizadas desde Sumar.
Sumar señala además que, en el caso de los permisos de cuidados, España tiene un expediente abierto por la Comisión Europea por la ausencia de retribución. El mes pasado el Ministerio de Trabajo cifró en más de 10 millones la multa acumulada a la que podría enfrentarse el país.
