QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La planta de tratamiento de residuos biosanitarios en Socuéllamos, que fue escenario de una trágica explosión el pasado lunes resultando en la muerte de una empleada, había sido inspeccionada “en varias ocasiones” por la Junta de Castilla La Mancha, la cual había iniciado un expediente sancionador por “infracción grave”.
Blanca Fernández, delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, confirmó que la actividad de la planta “no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha”. “Nos habían comunicado que iban a ampliar el volumen de producto a tratar y les dijimos que no les autorizábamos”, explicó Fernández.
Además, la delegada reveló que se les había solicitado una extensión del plazo para un proyecto de investigación, a lo cual también se negó permiso, según una nota de prensa del Gobierno regional. Fernández aclaró que, aunque la investigación estaba técnicamente completa, la planta debía adherirse a ciertas medidas complementarias identificadas previamente en las actas de inspección y en el expediente sancionador.
Fernández también expresó las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida y deseó una pronta recuperación a los otros dos empleados heridos. “Quiero acordarme de ella y de su familia porque tienen que estar rotos de dolor y también a las familias de los dos heridos que están graves, a los que deseo lo mejor y que se puedan recuperar. Ojalá sea posible”, mencionó.
Respecto a las causas del accidente, Fernández indicó que corresponde a la Policía Judicial investigar, determinar las causas y verificar si hubo negligencia o presencia de productos prohibidos. En cuanto a la licencia de apertura, señaló que es una responsabilidad municipal.
