QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha instado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que “dé explicaciones públicas y aporte toda la documentación necesaria y deje de enredar y liar, que es lo único que sabe hacer”. Sus palabras llegan después de que un juzgado de Cádiz haya solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe pericial acerca de los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En una nota difundida por la formación, Martínez ha subrayado que la causa abierta en Cádiz “investiga la adjudicación de contratos menores vinculados a servicios sanitarios que, pese a su volumen económico, habrían sido divididos para eludir controles y procedimientos ordinarios”.
Desde Podemos Andalucía consideran que este esquema de contratación pone de manifiesto “una gestión que debilita la sanidad pública mientras aumenta el volumen de recursos que terminan en la sanidad privada”.
Martínez ha recalcado que “el Gobierno de Moreno Bonilla tiene mucho que explicar y los andaluces necesitamos llegar al fondo de todo este asunto que implica que la sanidad pública en Andalucía está siendo dañada al mismo tiempo que no deja de aumentar el dinero público que termina en manos de clínicas privadas”.
La responsable de Podemos ha incidido en que esta tendencia “no responde a mejoras del servicio, sino a un modelo que prioriza las derivaciones externas, más costosas para las arcas públicas”.
En esta línea, la organización ha remarcado que “la estrategia del Gobierno andaluz es clara: la pública funciona peor mientras la privada incrementa su actividad”, apuntando además que Andalucía, con sus ocho millones de habitantes, “es un espacio de alto interés para este tipo de empresas”.
Podemos Andalucía ha recalcado que no se trata “de una apreciación política de la oposición, sino de una investigación judicial en curso que exige máxima transparencia institucional”.
Martínez ha reiterado que Moreno “debe dejar de ocultarse, dar la cara y explicar qué ha ocurrido con estos contratos menores”.
A juicio de la dirigente, “la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se está gestionando un servicio esencial como la sanidad”, y ha remarcado que el incremento de fondos anunciado en los últimos ejercicios “no puede traducirse en un aumento constante de recursos destinados a la privada sin una evaluación clara de su impacto”.
