QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha instado al Gobierno que desbloquee en el Congreso su proposición de ley «antiokupas», tomada en consideración por el Senado hace año y medio.
En una rueda de prensa en la sede de su partido, Bravo ha denunciado que su iniciativa lleva «muchas prórrogas» y siguen a la espera de que sea tramitada. En concreto, la medida afronta su 50ª ampliación, tal como ha constado Demócrata.
La proposición de ley orgánica del PP para reformar el Código Penal y endurecer las penas contra la ocupación ilegal de viviendas aboga por el desalojo de los okupas en un plazo de 24 horas.
También eleva a tres años la pena superior por ocupación de inmuebles que sean vivienda, introduce consideraciones para los casos en los que el delito se ejecute por parte de bandas organizadas y añade un nuevo apartado a la Ley de Bases de Régimen Local para poder anular inscripciones en el censo municipal en casos de “ocupantes ilegales”.
Bloqueo parlamentario
Para enfatizar su desconcierto ante la negativa del Ejecutivo y la mayoría de la Mesa de la Cámara Baja, el popular ha recordado que el PSOE en su programa electoral de 2023 llevaba una medida similar.
«Se impulsará la reforma Legislativa normativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas», rezaba el programa socialista en materia de ocupación. «Que expliquen por qué no quiere que se debata en el Congreso», ha sentenciado.
Su lamento se ha producido en el marco del anuncio de una Proposición No de Ley (PNL) para la liberalización de suelo, que hoy mismo registrará el Grupo Popular en la Cámara Baja para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
En materia de vivienda
La iniciativa insta al Ejecutivo a la adopción de medidas urgentes para desbloquear suelo, que es, junto al aumento de la seguridad para los propietarios y la reducción de los trámites y plazos administrativo, la receta del PP para paliar la crisis de vivienda. En este sentido, Bravo ha defendido que sus medidas van en línea con las advertencias lanzadas desde la Comisión Europea a España en esta materia.
En concreto, la PNL apela a la reforma de la Ley del Suelo, con el objetivo de agilizar los procesos y el desarrollo de suelo para vivienda «pública y asequible», así como, a la implementación de mecanismos extraordinarios de desbloqueo de suelo en municipios con alta demanda residencial.
Preguntado por la negativa que dio el PP a la reforma de la Ley del Suelo impulsado por el PSOE y el PNV en el Congreso a principios de año, el portavoz del PP ha asegurado que no la apoyaron porque no promovía la liberalización de suelo público en los términos que defiende su partido.
Además, la PNL defiende el uso del «suelo público infrautilizado» para vivienda de alquiler asequible o social. Otra de las líneas de actuación, sería el establecimiento de incentivos para aumentar la edificabilidad de parcelas cuando se destinen a la promoción de vivienda protegida (VPO).
«Drama nacional»
Paralelamente, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, ha señalado que la vivienda «no era una preocupación cuando llegó Sánchez a la Moncloa» y después de 7 años «es el drama nacional«.
Bravo también ha criticado que según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Ministerio de Vivienda, a fecha de junio, solo hubiera ejecutado el 5,3% del presupuesto previsto y ha afirmado que España necesita más de 600.000 viviendas.
«El Gobierno de Sánchez no ha hecho nada, no tiene credibilidad. Después de años prometiendo construcción de vivienda, no ha cumplido ninguna de las cifras«, ha sentenciado.
