El Pleno del Senado, con mayoría del PP, ha dado luz verde este miércoles a un nuevo conflicto institucional dirigido contra el Congreso y el Gobierno, exigiendo la revisión de su veto a una enmienda que propone un subsidio de 1.200 millones de euros destinados a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para aplicar una reducción del 75% en las tasas aéreas para los residentes de estas regiones.
Este es el sexto enfrentamiento de este tipo entre las dos cámaras, impulsado por el dominio del PP en el Senado. Tras la aprobación del Pleno, el conflicto de competencias será trasladado al Congreso, que deberá responder en un máximo de 30 días.
La presidencia del Senado, a cargo de Francina Armengol, tiene hasta el 9 de noviembre para emitir una respuesta. A partir de esa fecha, será decisión del Senado si llevan el caso ante el Tribunal Constitucional.
En este requerimiento, el PP critica la negativa a aceptar la enmienda aprobada ampliamente en el Senado al proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, que se debatirá en el Pleno del Senado la próxima semana, según informó el PP en un comunicado.
“Estamos ante un claro conflicto de atribuciones”, declararon desde el PP, destacando que los presupuestos actuales, del año 2023, ya no cubren adecuadamente las necesidades para las bonificaciones de navegación aérea, quedando estas “obsoletas”. Además, alertaron que la insuficiencia de fondos ya ha causado impagos en 2024 y podría repetirse en 2025. Por esta razón, decidieron añadir una enmienda a la Ley de Navegación Aérea para asegurar estos 1.200 millones en el presupuesto.
No obstante, tras la aprobación de esta enmienda en el Senado, el Proyecto de Ley fue enviado al Congreso y, según el PP, el Gobierno, “con la complicidad de la mayoría de la Mesa, mutiló esa ley”, como previamente ocurrió con la Ley de la Cadena Alimentaria, eliminando la enmienda propuesta por el PP.
Después, el Congreso debatió y aprobó el Proyecto de Ley de Navegación Aérea sin incluir la enmienda aprobada por el Senado, en lo que el PP describe como “un nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado, que han votado libremente los ciudadanos en las urnas”.
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, criticó que, lamentablemente, se observa “de nuevo” cómo el Gobierno y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “con la complicidad de sus socios”, “mutila una ley aprobada por el Senado” que además “daría seguridad jurídica y garantizaría el cobro de esas bonificaciones aéreas” y no las pondría en riesgo, “como está haciendo ahora mismo el Gobierno”.
García ha advertido que su grupo “no se va a quedar nunca de brazos cruzados ante cualquier ataque a los derechos de los españoles y a las competencias legislativas de esta Cámara”, y recurrirá al Tribunal Constitucional utilizando “todos los instrumentos políticos, parlamentarios y judiciales” disponibles para defender los derechos de los ciudadanos.