Este miércoles, el Senado está previsto que apruebe un conflicto de atribuciones iniciado por el PP, enfrentándose al Congreso y al Gobierno con la finalidad de que reviertan su decisión de bloquear una enmienda que propone que se asignen 1.200 millones de euros a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para subvencionar el 75% de las tasas aéreas a sus residentes.
La formación ‘popular’ aceleró el proceso para incluir esta disputa en el Pleno de hoy, según fuentes parlamentarias citadas por Europa Press. La enmienda, que fue aprobada por una amplia mayoría en el Senado, busca modificar la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, y está programada para votación la próxima semana, de acuerdo con un comunicado del PP.
“Estamos ante un claro conflicto de atribuciones”, han protestado desde el PP, recordando que los presupuestos actuales corresponden al año 2023 y que la asignación presupuestaria actual se ha vuelto “obsoleta”. Según han indicado diversas aerolíneas, asociaciones y patronales, el monto asignado en el presupuesto de 2023 es insuficiente, y ya se han registrado impagos en 2024, situación que podría repetirse en 2025. Por ello, el PP propuso la enmienda para asegurar los 1.200 millones necesarios.
Después de que el Senado aprobase la enmienda, el proyecto fue enviado al Congreso donde, “una vez más”, el Gobierno, “con la complicidad de la mayoría de la Mesa, mutiló esa ley”, según denuncia el PP, aludiendo a una situación similar ocurrida con la Ley de la Cadena Alimentaria. El Congreso finalmente debatió y aprobó el proyecto sin incluir la enmienda del Senado, en lo que el PP considera un “nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado, elegido libremente por los ciudadanos”.
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, criticó que el Gobierno y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “con la complicidad de sus socios”, continúan “mutilando leyes aprobadas por el Senado”. García advirtió que el PP “no se quedará de brazos cruzados” frente a estos ataques y utilizará todas las herramientas políticas, parlamentarias y judiciales disponibles para defender los derechos de los ciudadanos españoles.