QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
No importaba el recorrido –previsiblemente breve– de la iniciativa, ante el riesgo de bloqueo en la Mesa del Congreso, entre futuras ampliaciones de plazos de enmiendas.
Lo importante era lanzar “un mensaje a operadores y Gobierno”. Así lo resumió la portavoz energética de Junts, Pilar Calvo, al justificar el aval de su grupo, decisivo, a una proposición de ley del PP para prorrogar la vida útil de las centrales nucleares.
La iniciativa fue tramitada con el apoyo de PP, Vox y UPN. Pese a mostrar su disposición a apoyarla, Junts finalmente decidió abstenerse. PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, Coalición Canaria y BNG votaron en contra.
La propuesta frena el cierre de las centrales y solicita una reevaluación de los costes de explotación en las centrales, en base de una prórroga temporal de las centrales, que ahora tienen un calendario de cierre escalonado hasta 2035.
El popular Juan Diego Requena justificó su prórroga en términos de empleo y seguridad de suministro, y para evitar la dependencia energética del gas.
“Tan fácil no es el debate si no han propuesto ubicación para el almacén centralizado de residuos nuclear”, replicó Andreu Martín (PSC). Eloi Badía, de En Comú (Sumar), invitó al PP a demostrar, junto con las eléctricas “que son seguras y más competitivas que otras tecnologías”.
Mikel Otero, de Bildu, bromeó, preguntándose, si aquella “neutralidad tecnológica” a la que apela al PP es “no neutral”, al decantarse por esta forma de generación por encima de otros criterios.
Idoia Sagastizabal, del PNV, señaló que las nucleares exigen un precio fijo y no han demostrado un abaratamiento de costes como el de las renovables. Si bien excusó la falta de medidas económicas por el intento de esquivar el veto de Hacienda, afeó la falta de medidas económicas. “¿Creen que va a ser aceptada por las propietarias sin una revisión de la fiscalidad o una retribución garantizada?”, preguntó.
Finalmente, ERC censuró al Gobierno por no prever planes de empleo y alternativas industriales en las comarcas más afectadas por el parón de la actividad. “No se pueden cerrar a cualquier precio ni de cualquier manera”, advirtió Teresa Jordà, dejando claro que no defienden la continuidad de las centrales “por otros intereses como la derecha”.
