El Partido Popular ha registrado una solicitud formal en el Congreso para reactivar la tramitación de la proposición de ley impulsada por el PSOE que permitirá a los profesionales colegiados transferir al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) los derechos acumulados en las mutualidades alternativas. La norma, admitida a trámite en mayo, lleva atascada desde septiembre pese a que los grupos ya presentaron sus enmiendas.
Una tramitación bloqueada desde septiembre
El reglamento de la Cámara fija un plazo máximo de 15 días para que la ponencia elabore su informe una vez cerrado el periodo de enmiendas. Sin embargo, casi dos meses después, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja no ha convocado la ponencia encargada de estudiar el articulado.
La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, denuncia un “bloqueo anómalo en el trabajo parlamentario” y exige que la ponencia se celebre “de manera inmediata” para poder avanzar en la solución a miles de mutualistas.
Presión de los colectivos: el objetivo, 2027
Organizaciones como Movimiento J2 o Anama vienen reclamando agilidad legislativa, recordando que el objetivo fijado es que todos los profesionales afectados estén integrados en el RETA a partir de 2027.
Los sucesivos cambios legales —especialmente desde 2005, cuando las mutualidades pasaron a un sistema de capitalización individual— han convertido estos instrumentos en la práctica en planes privados, dejando a muchos profesionales con pensiones muy bajas, en torno a 400 o 500 euros.
La «pasarela» propuesta por el PSOE
La proposición de ley plantea una pasarela de acceso al RETA para colegiados que:
- No alcancen el período mínimo de cotización en la Seguridad Social.
- Estuvieran en activo en la mutualidad a 31 de diciembre de 2022.
- No sean pensionistas de un régimen público ni de la propia mutualidad.
El objetivo es permitir la transferencia de los derechos económicos acumulados en las mutualidades para convertirlos en periodos cotizados al RETA.
Cómo se calcularán los nuevos períodos de cotización
El texto, aún modificable en el trámite parlamentario, prevé que la conversión de derechos se realice tomando como referencia:
- La base mínima de cotización que habría correspondido al profesional si hubiera estado en el RETA.
- Una actualización según el IPC.
- La aplicación de un coeficiente modulador en función de los años en la mutualidad.
Ese coeficiente partirá del 0,77, sin poder ser inferior a 0,67 ni superior a 0,87, para reflejar las contingencias no cubiertas en su día por las mutualidades.
El PP reclama movimiento y señala la urgencia social
Los ‘populares’ sostienen que la Cámara no puede seguir demorando una ley que afecta a decenas de miles de profesionales —abogados, arquitectos, ingenieros o procuradores— atrapados en un sistema que les ofrece pensiones insuficientes y sin posibilidad de completar su jubilación en la Seguridad Social.