Como ya es costumbre en esta legislatura, el Partido Popular se ha valido de su mayoría absoluta en el Senado para modificar a su antojo las iniciativas que le llegan del Congreso, y este viernes le ha tocado el turno al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela.
Con 50 enmiendas, los de Alberto Núñez Feijóo han rebajado las obligaciones impuestas para las empresas, incluido al sector público y descafeinado todo lo relacionado con la atención en lenguas cooficiales, uno de los puntos más importantes para los socios del Gobierno. La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado el dictamen con 17 votos a favor (PP), una abstención (Vox), y 13 en contra (PSOE, Sumar, Izquierdas por la Independencia, Plural, Vasco, Izquierda Confederal y Mixto).
No se ha añadido ninguna enmienda más de otro grupo parlamentario, quedando las que no han sido retiradas (6, 7 y 45) o vetadas por la Mesa (10, 23, 79 y 88) vivas para el Pleno.
De entre las vetadas, destaca una del Partido Popular que planteaba que la CNMC supervisara la respuesta que ha dado Red Eléctrica al apagón del pasado mes de abril para evitar que se repita. Los populares pretendían que realizara informes mensuales y que definiera una metodología de cálculo para identificar los sobrecostes generados en el mercado y que se trasladen al operador del sistema los importes mensuales estimados como sobrecostes en los mercados de servicios de ajustes.
El resto de grupos parlamentarios, a saber, PSOE, Izquierdas por la Independencia (ERC y EH Bildu), Plural (Junts, BNG, CC y AHI), Vasco (PNV), Izquierda Confederal (Más Madrid) y Mixto (Vox en sustitución de UPN), han lamentado no solo la tijera metida por el PP y su poca voluntad para negociar, sino los tiempos. “No ha sido urgente, ha sido hiper urgente. Hemos tenido 13 días en lugar de 20, y apenas uno para estudiar 98 enmiendas”, ha afeado la senadora del PNV Nerea Ahedo.
Vox, que se ha abstenido, ha presentado su veto y lo mantendrá para el Pleno, bajo el argumento de que “se trata de una cesión lingüística a los partidos separatistas” y “las obligaciones a las empresas son desproporcionadas”, tal y como ha dicho su representante Ángel Pelayo.
Por su parte, el PP ha esgrimido que se trata de una ley imprescindible para los consumidores españoles y es importante su aprobación, aunque sea con unos mínimos y no con unos máximos. Es por ello por lo que han acometido medio centenar de modificaciones.
Las lenguas volverán
Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados se incluyó un paquete de enmiendas para obligar a todas las compañías de servicios básicos de interés general y cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones a atender en lenguas cooficiales en las regiones que las tuvieran.
Los sectores afectados, independientemente de su volumen de trabajadores y facturación, serían:
- Compañías eléctricas.
- Compañías de suministro de gas.
- Compañías de suministro de agua.
- Compañías telefónicas.
- Compañías aeronáuticas.
- Compañías ferroviarias.
- Compañías de transporte por autobús.
- Servicios postales.
- Servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas).
- Entidades bancarias y servicios financieros.
- Empresas de seguros.
- Empresas que presten servicios públicos.
El Partido Popular en el Senado no ha suprimido toda la batería, pero sí rebajado y mucho. Con sus enmiendas, solo las empresas que tengan su sede, establecimiento, delegación o centro de prestación de servicios en una comunidad autónoma con lengua cooficial tendrían la obligación de prestar atención al cliente en dicha lengua. Asimismo, las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias solo se podrán presentar en lenguas cooficiales “cuando la relación de atención al cliente se produzca dentro del territorio de la CCAA con lengua cooficial”.
También han eliminado las formaciones obligatorias para que el personal pudiera atender con garantías en lenguas cooficiales.
La aritmética parlamentaria del bloque de investidura, del que se ha descolgado Junts, no sonríe al Gobierno, pero en este caso, los de Carles Puigdemont cerrarán filas, por lo que se espera que cuanto el texto regrese a la Cámara Baja, todas las enmiendas del PP en el Senado relativas a los derechos lingüísticos serán revertidas.
Para todos, también la AGE
El PP ha incluido varias enmiendas para que la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos y empresas dependientes también tengan la obligación de cumplir con las exigencias de la Ley de Atención al Cliente.
Por otro lado, la norma afectaría también a servicios de saneamiento y residuos, tanto públicos como privados; y se incluye el volumen de negocio anual como un factor determinante, fijándose en los 50 millones de euros o cuando su balance general supere los 43.
Matices y más matices
Los populares han descafeinado buena parte de las obligaciones. Por ejemplo, mientras el proyecto de ley que salía del Congreso imponía a las compañías la emisión de justificantes sobre consultas, quejas reclamaciones o cualquier incidencia; la mayoría absoluta en el Senado la ha modificado para que se haga únicamente si el cliente lo pide.
Otro caso similar es el de la insatisfacción con la atención recibida. Con la propuesta del Congreso, el usuario podía solicitar hablar con un supervisor o con el departamento de calidad y, si no pudieran atenderle en tres minutos, la compañía estaría obligada a devolverle la llamada. Sin embargo, la enmienda del PP en el Senado precisa que dicha atención especial se daría “en la medida de lo posible”.
De igual forma, el PP ha levantado la eliminación de que las empresas dispongan de contestadores automáticos. Los populares apuestan por no integrarlos, pero abren una pequeña puerta a “casos de fuerza mayor”.
Otra de las rebajas está relacionada con el plazo para resolver las reclamaciones, que pasaría de 15 días naturales a 30.