El pleno del Parlament balear abordará esta semana la derogación definitiva de la Ley balear de Memoria Democrática, una iniciativa registrada por Vox y que saldrá adelante gracias al respaldo del PP, después de que ambas formaciones hayan ratificado su apoyo al texto para suprimir la normativa memorialista vigente.
El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que con esta derogación se da cumplimiento al acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox, si bien ha admitido que tanto la aprobación inicial de la ley como su eliminación posterior no han sido "prioritarias" para los 'populares'.
Sagreras ha subrayado igualmente que Baleares es la única comunidad autónoma que dispone de dos marcos legales distintos en este ámbito, la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fosas, lo que, a su juicio, configura una situación singular dentro del conjunto del Estado.
"Desde el primer día, el PP dijo que la importante es la Ley de Fosas, esta se mantiene y la potencia el Govern con los distintos planes de fosas", ha alegado el dirigente 'popular', remarcando que el Ejecutivo autonómico seguirá impulsando las actuaciones relacionadas con la localización y exhumación de víctimas.
Por otro lado, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha aplaudido que se ponga fin, según su interpretación, al "tiempo del revanchismo" y la "dictadura del pensamiento único", al considerar que esta ley "nunca ha buscado justicia", sino "borrar a media España".
En la misma línea, Cañadas ha responsabilizado al PSOE y a sus "socios separatistas" de tratar de "imponer una verdad oficial por ley", porque "no tienen nada que ofrecer a España", enmarcando la derogación en su ofensiva política contra las normas de memoria histórica.
En defensa de la legislación ha intervenido el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha censurado que la "extrema derecha" y la "ultraderecha" se "mimetizan" para tumbar una norma que, según ha dicho, persigue "la verdad de lo que ocurrió" durante la dictadura.
"En España hubo un Golpe de Estado fascista que no solo acabó con las libertades de toda una nación al hacerla retroceder en el tiempo, sino que se llevó por delante todo aquello y aquellas personas que no pensaban como ellos", ha mantenido el parlamentario, reivindicando el sentido de la ley ahora cuestionada.
De este modo, ha insistido en que la norma persigue "justicia" y "reparación" para quienes fueron represaliados, a los que, en su opinión, intentaron "hacer desaparecer de la historia" mientras los vencedores "homenajearon durante 40 años a sus caídos".