QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con 346 votos emitidos, 313 votos a favor y 33 votos en contra, la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas, impulsada por el PSOE ha superado su toma en consideración. Han apoyado la proposición todos los grupos parlamentarios menos Vox.
«Hoy estamos hablando de inclusión educativa e inclusión laboral». Con estas palabras ha iniciado su intervención Emilio Sáez Cruz (PSOE), el diputado encargado de defender la iniciativa. Se da la circunstancia de que previamente al debate de la PL socialista, se ha debatido una del Grupo Popular relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, que, sin embargo, ha corrido peor suerte y ha sido rechazada por la Cámara.
Desde la tribuna, Sáez ha recordado que 4,4 millones de personas en nuestro país tienen alguna discapacidad y ha defendido que es necesario potenciar la inclusión laboral: «Las personas con discapacidad son un activo real y valioso».
El diputado socialista también ha denunciado las barreras laborales a las que hacen frente y los episodios de discriminación que sufren estos trabajadores: «Dónde está escrito que por cada puesto de trabajo al que accede una persona con discapacidad, previamente lo hayan hecho 37 personas sin discapacidad».
Centrando el foco
La proposición aboga por tipificar como infracción «muy grave» de las empresas incumplir la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para
personas con discapacidad o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter excepcional, previsto en el artículo 42 de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Y en este sentido, se añade como supuesto para no obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones públicas, ser sancionado en sede administrativa por la infracción «muy grave» antes citada.
Mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, el Grupo Socialista también prevé la puesta en marcha de campañas de difusión y toma de conciencia sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Por otro lado, de aprobarse esta proposición de ley, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará durante los siguientes 3 años campañas específicas dirigidas a verificar el cumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo. Además, confeccionará informes y balances en los que consten los resultados de las mismas, con el objetivo de comprobar su eficacia.
Penalizar y apoyar
Josep María Cervera Pinart, diputado de Junts, ha definido la proposición como un buen punto de partida pero insuficiente para garantizar que la inclusión «no solo sea colocación, sino ocupación verdadera, con ajustes y accesibilidad». Respecto al texto propuesto por el PSOE, el diputado independentista ha instado a ir más allá de la penalización. «Tan importante como penalizar es acompañar. Quien quiera cumplir tiene que tener apoyos, y no solo para los que demandan empleo, sino para las empresas, aportando herramientas y medios para materializar la inclusión laboral», ha sentenciado.
Para Juan José Aizcorbe Torra (Vox) en esta norma «se viste de bondad lo que en realidad es imposición». A su juicio, el problema no es la falta de sanciones, que esta proposición endurece, sino «la falta de estímulos y apoyos reales». «Mantener a una persona solo por cumplir el expediente, no integra, solo genera frustración y desconfianza», ha afirmado el diputado de Vox, único partido que ha votado en contra de la medida.
En términos similares, se ha expresado el Grupo Popular. Su diputada Violante Tomás Olivares ha asegurado que la proposición del PSOE solo endurece las sanciones, pero no crea nuevos programas o mecanismos de control de la calidad del empleo: «Se corre el riesgo de crear una cultura del medio en vez de incentivar la contratación». En el PP consideran que esta norma «no aborda las barreras estructurales, ni es la solución». Paralelamente, Tomás Olivares ha resaltado que «el cumplimiento del 2% debe ser el suelo, nunca el techo. Necesitamos incentivos que hagan ver a las empresas que la inclusión no es una carga, sino una oportunidad». A pesar de las reticencias mostradas, la formación popular no se ha opuesto a su tramitación.
La PL avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria con la apertura del plazo de enmiendas.
VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY
🟢Sí: 313
🔴No: 33 (Vox)
⚫ No vota: 4
