El PSOE-A ha comunicado este lunes que presentará recurso contra la decisión de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla de archivar la investigación sobre los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia. La formación sostiene que los hechos denunciados “requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido” y que se “mantiene el delito de prevaricación”.
En su nota, el PSOE-A subraya que ha sido la propia Intervención General de la Junta de Andalucía la que, en informes posteriores a la denuncia de “la falta de fiscalización previa” de los contratos aprobada por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020, ha ratificado la existencia de “múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado”.
“Estamos, por tanto, ante un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final”, recalca el partido, que defiende que la sanidad pública “merece que se investigue hasta el último euro pagado de más”. Desde “la prudencia que exige el desconocimiento aún del contenido íntegro del auto, que no ha sido notificado formalmente todavía al partido)”, el PSOE-A entiende que “no ha terminado” el procedimiento judicial.
En declaraciones en audio, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha confirmado que la organización recurrirá el auto de archivo “porque se ha probado lo que venimos denunciando durante todo este tiempo, que con la excusa de la pandemia utilizaron un modo de contratación para favorecer a la sanidad privada”.
Márquez ha insistido en que “hay indicios sólidos y pruebas claras, eso nadie lo pone en duda, ni el juez, de que hay irregularidades probadas y que se pagó más por lo mismo”, y ha mostrado su rechazo a las palabras del secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que calificó todo como un “invento” de PSOE-A y Podemos.
“En absoluto ha sido un invento, (Juanma) Moreno Bonilla contrató mal y se dañaron las arcas públicas, y no fueron fallos técnicos, sino que fueron decisiones políticas”, ha señalado Márquez, que denuncia que se “abrió la puerta a contratar sin control cuando ya no había emergencia”. Ha recordado igualmente que en juzgados de otras provincias continúa “investigando al Gobierno andaluz por la trama del SAS”.
La dirigente socialista ha pedido al PP-A “prudencia” porque “sigue habiendo caso” y ha reiterado que el PSOE-A llegará “al final”, apelando al “enfado y del cabreo de los andaluces en materia sanitaria”.
“Que se llegue hasta el final” en todas las causas abiertas
En el comunicado remitido por el PSOE-A se afirma que “nadie duda de la urgencia inicial de la pandemia, pero el Gobierno andaluz prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia”, una “conclusión de la Intervención General de la Junta de Andalucía”.
La organización socialista expresa su “más absoluto respeto por la acción de la justicia” y, confiando en el estado de derecho, espera que la resolución “sea anulada y se llegue hasta el final tanto en la causa que se investiga en Sevilla, como en las investigaciones que están en marcha en las provincias de Cádiz y Córdoba sobre los mismos hechos”.
El PSOE-A sostiene que “las irregularidades reconocidas en el auto que hemos conocido a través de los medios de comunicación para nuestra sorpresa y perplejidad han causado un daño ingente al dinero de todos los andaluces”, al haberse “contratado con las mismas empresas a precios superiores a los que se pagaban en contratos ordinarios, es decir, se ha pagado más por lo mismo”.
Para los socialistas, “más allá de lo penal, estamos ante una estrategia política de privatización de la sanidad pública que nos preocupa y ocupa”. Añaden que su modelo sanitario para Andalucía es “diametralmente opuesto al de vaciar la sanidad pública y el estado del bienestar para beneficiar a empresas privadas mediante un uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia, quitando, además, los controles previos para dar vía libre a contratos a dedo de decenas de millones de euros”.
El PSOE-A vuelve a remarcar su “absoluto respeto por la acción de la justicia” y confía en que los tribunales “mantengan criterios ya aplicados con anterioridad en otros casos, ya que resulta, cuanto menos, llamativo el diferente rasero judicial ante situaciones procedimentales similares anteriores donde la modificación del sistema de fiscalización y la ausencia de procedimiento ordinario, aun con fines legítimos, fue razón suficiente para presuponer intencionalidades criminales y dictar condenas a personas inocentes”.
En esta causa que afecta al actual Gobierno andaluz del PP-A, el partido recuerda que “nos encontramos con la misma supresión de la fiscalización previa, lo que permitió al SAS repartir discrecionalmente decenas de millones de euros sin control preventivo”. A juicio del PSOE-A, la cuestión clave es “por qué lo que antes era indicio de criminalidad ahora se archiva como mera irregularidad administrativa”.