El PSOE junto a sus socios parlamentarios ha dado luz verde este martes para que se inicie la tramitación en el Congreso de una propuesta legislativa del PNV. Esta tiene como fin reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para que este ente tenga la autoridad final en los traspasos de competencias y así prevenir bloqueos por parte de los tribunales ordinarios.
La iniciativa del PNV llega tras la decisión del Tribunal Supremo en abril de anular una transferencia de competencias a Euskadi, acordada previamente entre el gobierno central y el vasco. Durante el pleno del martes, todos los partidos, excepto PP y Vox, han respaldado la consideración de esta propuesta.
La enmienda plantea que las decisiones de las comisiones mixtas de transferencias y las juntas de seguridad deben complementar el bloque de constitucionalidad, según el artículo 161.1.c) de la Constitución, que asigna al TC la resolución de conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
UNANIMIDAD EN EL BLOQUE DE INVESTIDURA
El PNV ha conseguido el apoyo unánime de los partidos del bloque de investidura para esta tramitación. Aunque algunos han adelantado que presentarán enmiendas durante el proceso legislativo, el respaldo ha sido generalizado.
Rafaela Romero, diputada del PSOE, ha criticado al PP y ha respaldado la propuesta por la necesidad de reforzar los mecanismos de autogobierno en una ‘España plural’. Representantes de Podemos, EH Bildu, ERC y Junts también han mostrado su apoyo, aunque han expresado su descontento con el actual funcionamiento del TC, a quien algunos han calificado de ‘árbitro de parte’.
En Sumar, ven la iniciativa como una manera de dirigir los conflictos competenciales hacia el TC, a través de recursos subsidiarios y cuestiones prejudiciales.
CON PP Y VOX EN CONTRA
Por otro lado, PP y Vox han manifestado su oposición a la reforma. Ignacio Gil Lázaro de Vox ha criticado la propuesta por intentar desplazar al TC competencias que, a su juicio, deberían resolver los tribunales ordinarios. El PP, por medio de Enrique Belda, ha argumentado que la propuesta no es sostenible jurídicamente ni conveniente políticamente para la ciudadanía vasca, insinuando que esconde intentos de modificar el orden constitucional a través del TC.