El Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) ha puesto en marcha una serie de acciones en diversas entidades con el objetivo de impedir que se derogue la ley de memoria democrática. Omar Lamin, secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migraciones, junto con los consellers insulares Joan Ripoll y Beatriu Gamundí, y el concejal socialista en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, han anunciado estas iniciativas frente al Muro de la Memoria en el cementerio municipal de Palma.
Entre las medidas propuestas, se incluye una propuesta parlamentaria, la demanda para la pronta inauguración del Memorial de la Dignidad y un acto civil de tributo institucional. Además, solicitarán la publicación urgente de todos los estudios e informes del IV Plan de Fosas y presentarán una moción en todos los ayuntamientos y en el Consell de Mallorca.
«El único pacto que Marga Prohens no ha cumplido es el que hizo con las izquierdas para mantener la ley de memoria», declaró Lamin. Ferrer, por su parte, señaló la necesidad de no detener los avances en la recuperación de la memoria democrática. «Hoy el PP es el rehén de Vox», agregó. Dalmau criticó la gestión del alcalde Martínez, afirmando que «se ha evidenciado que solo cumple con los poderosos e incumple con la sociedad civil».
FRENTE COMÚN
Los socialistas buscan proteger el relato de las víctimas de ser eclipsado por intereses partidistas. «Derogar la norma rompe un compromiso público del PP y de la presidenta Prohens, que habían asegurado que no tocarían la norma después de la crisis política de diciembre de 2024, y supone un giro ideológico hacia el revisionismo y la negación de la dictadura, impuesto por Vox y asumido sin resistencia por el PP», explicaron.
Para el PSIB, anular esta ley transforma la memoria de las víctimas en una «moneda de cambio política», un acto que consideran «absolutamente inadmisible» en cualquier democracia consolidada y que desmantela una política pública de colaboración entre instituciones, profesionales y la sociedad civil, reconocida tanto dentro como fuera de las Islas.
Advierten que, si se deroga la ley, se obstaculizarán las exhumaciones y los procesos de identificación, se detendrá la recuperación de la verdad histórica y se crearán lagunas en la investigación. También se desmontarán programas educativos, dejando a los jóvenes sin herramientas para comprender la historia y defender la democracia; los espacios de memoria caerán en el olvido, sin mantenimiento ni apoyo institucional.
«Las familias volverán a sentir que su dolor es invisible y Baleares dejará de ser un referente y se alineará con discursos que blanquean la dictadura y reescriben la historia», concluyeron.