QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Belén Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, ha entregado a la Fiscalía un documento en nombre del PSOE, exponiendo los hechos que implican al concejal de Urbanismo, Tirso Leal, en la ampliación de zonas industriales de la ciudad, donde presuntamente ha cometido ‘prevaricación administrativa’ y ‘tráfico de influencias’.
El informe, de 14 páginas y revisado por Europa Press, señala que Tirso Leal, aprovechando su posición oficial, ha participado directamente en el proceso de compra de terrenos industriales por el municipio, ‘promoviendo, tramitando y autorizando un intercambio de parcelas entre el Ayuntamiento y ciertas empresas privadas con las que tenía vínculos anteriores en su carrera privada y, en particular, con una empresa cuyo presidente es el administrador único de una empresa asociada al mismo concejal según la declaración de entrada en su toma de posesión del cargo’.
‘Además, ha realizado todos los actos conducentes a que se pueda iniciar también un procedimiento de expropiación especialmente gravoso para el ayuntamiento que beneficia directamente a su esposa y familiares políticos, realizando esto último a través de un expediente aparte, para la modificación de la ordenación del sector urbanístico 8.01, sobre el que se realiza el proceso de adquisición de suelos’, detalla el documento.
Según la documentación proporcionada a la Fiscalía, ya existía un estudio para valorar la expansión del suelo industrial en un sector mayoritariamente en manos de fundaciones patrimoniales, proyecto que fue rechazado por Leal argumentando ‘muchas dificultades técnicas y que era necesario modificar el Plan General Municipal (PGM) y que ‘no era el idóneo porque había que hacer una modificación del PGM muy tediosa».
Los socialistas critican la falta de información sobre los propietarios de los terrenos elegidos y describen las gestiones para cambiar la ubicación de los terrenos como ‘maniobras con carácter previo a la apertura de expediente’. También se pide a la Junta de Extremadura y a Avante, una empresa pública, que urbanicen estos terrenos, destacando que ‘esto aporta valor al terreno y que se produce de una manera absolutamente exótica y anómala’.
‘Pues no es nada habitual que la Junta de Extremadura haga un proyecto para urbanizar un suelo industrial que no es de su titularidad ni público aún y que requeriría para poder ser ejecutado que se hubiera realizado una modificación de la legalidad urbanística (el PGM) cuyo expediente para la citada modificación, fue incoado el 15 de abril de 2025, ni mucho menos aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, ni expuesta a alegaciones, ni aprobada definitivamente y en vigor’, expone el documento.
Belén Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha mencionado que ‘los indicios son suficientes para que se solicite una investigación’. ‘Consideramos que la situación es tan seria como para no hacer un espectáculo de ello. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad, después de haber apelado a que se depuraran responsabilidades políticas sin que se hayan asumido’, concluyó.
