En junio de 1990 el Centro de Investigaciones Sociológicas dejó de ser una Dirección General y pasó a convertirse en un Organismo Autónomo. Así lo dispuso el artículo 84 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Un nuevo carácter administrativo que le fue conferido al CIS como parte de una amplia reestructuración organizativa de la Administración General del Estado con el inicio de la década de los noventa. Posteriormente su organización y funcionamiento fueron regulados por el Real Decreto 1526/1990. Una normativa que quedó derogada por el Real Decreto 1214/1997.
Pero entre un Real Decreto y otro, en 1994, el Partido Popular consideró oportuno dada la «notable relevancia política y social» que había adquirido el CIS en los últimos años «acometer su conversión normativa mediante ley formal». Por ese motivo, registraron en el Senado una proposición de ley, que en su toma en consideración logró ser aprobada por 233 votos a favor y una sola abstención.
En su defensa intervino el senador del Grupo Popular Santiago Cervera que argumentó la necesidad de esta nueva norma para evitar reformas en la organización del CIS «por una simple decisión administrativa que se pudiera plasmar a través de una resolución exclusivamente gubernamental como el real decreto o la orden ministerial».
“Pensamos que alcanzar este rango normativo de ley está mucho más acorde con la importancia de las actividades que el CIS desarrolla y que hasta el momento tenian el amparo exclusivamente de un Real Decreto”, señaló Cervera.
A pesar de compartir el fondo de la PL, de ahí el voto a favor del PSOE, el senador socialista Francisco Moreno, recriminó con cierta ironía a los populares el fondo de sus intenciones.
“Dicho sea con todo afecto, resulta un poco jocoso que se nos diga que se trata de reparar la imagen del Centro de Investigaciones Sociológicas cuando la verdad es que previamente se ha hecho todo lo posible para que esa imagen se perciba de modo distorsionado haciendo a dicho Centro responsable de los resultados electorales que cosechan algunas fuerzas política”, afirmó Moreno.
La PL prosiguió el trámite parlamentario ordinario primero en el Congreso y luego de vuelta en el Senado y acabó siendo aprobada con modificaciones en 1995.
Reformada en una sola ocasión
Desde su publicación en el BOE, la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, solo ha experimentado una modificación. Fue en 2002 y afectó únicamente al artículo 5, referido al principio de actuación y régimen legal de la investigación mediante encuestas. Se cambió su titulo y se añadió un párrafo de carácter técnico. En el que se puntualizaba que las funciones previstas en dicho artículo, ya fuesen realizadas por entidades o por entrevistadores de la red de campo del Centro, se regirían por el artículo 196.3 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Una reforma que no nació de una iniciativa que tuviese el pretexto particular de reformar el CIS, sino que fue fruto de una enmienda de adición que presentó el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley, del Gobierno de José María Aznar, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Intentos por modificar la presidencia
Con anterioridad a esa modificación hubo tres intentos a través de proposiciones de ley. Una en conjunto del Grupo Socialista, del Federal de IU, del Vasco y del Mixto, una de IU en solitario y otra del PSOE. La presentada por varios grupos parlamentarios afectaba a seis artículos y una disposición, y destacaban los siguientes puntos:
- El artículo 2 especificaría que el CIS debía dar cuenta de sus funciones a las Comisiones correspondientes del Congreso y el Senado y que en el primer trimestre de cada año debería elevar una memoria a las Cortes Generales relativa a la ejecución del programa correspondiente al ejercicio precedente.
- El artículo 7 recogería la obligación de remitir a las Cortes los criterios utilizados en la estimación de voto en las encuestas que lo incluyesen.
- El artículo 10 señalaría que el presidente del organismo sería elegido por el Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios.
La iniciativa conjunta no superó la toma en consideración en el Pleno del Congreso, pero dejó un tenso debate en el que la oposición liderada por el PSOE acusó al Gobierno de desprestigiar al CIS y lamentó la falta de apoyo del PP, a diferencia de la actitud que habían tenido ellos con su propuesta en 1994, que terminó siendo la Ley 39/1995. En estos términos se manifestó el diputado socialista Diego López Garrido desde la tribuna:
López Garrido también defendió la necesidad de un presidente del Centro independiente.
Por su parte, las PL presentadas en ese mismo periodo pero en solitario por IU y el PSOE acabaron caducando.
Desde la reforma de 2002, la norma que regula el CIS se ha intentado modificar en otras tres ocasiones a través de PL. Dos de forma fallida: IU en 2004 (caducada) y ERC en 2008 (caducada), ambas mantenían la voluntad de que el presidente del Centro fuese elegido por el Congreso. Y la última, presentada por el PP este mismo año, llegará a Pleno la semana que viene.