Dando cumplimiento a lo acordado en la última reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular han registrado de forma conjunta una proposición de reforma constitucional para actualizar el artículo 49 de la Carta Magna y eliminar el término “disminuidos” y blindar su protección.
El registro se ha producido en la tarde de este viernes 29 de diciembre. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición se comprometieron a aprobarla en un pleno monográfico a la mayor celeridad posible, previsto para el mes de enero. Así las cosas, el documento pide que se haga por el procedimiento especial de tramitación directa, en lectura única y por la vía de urgencia. De esta forma, la iniciativa solo requerirá un único debate en Pleno.
La iniciativa cambia el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y compromete por ley la «protección especial» de sus derechos.
En cuanto a la reforma propuesta, esbozan un artículo 49 dividido en dos puntos:
- Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
- Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Sánchez y Feijóo acordaron que no aceptarían enmiendas a no ser que ambos estuvieran de acuerdo, por lo que el contenido, a priori, no es negociable.
Tampoco se celebrará ningún referéndum. El artículo 168 de la Constitución establece que, en caso de que se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procedería a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras habrían de ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que debería ser aprobado por mayoría de dos tercios tanto en Congreso como en Senado y, posteriormente, sería sometida a referéndum para su ratificación. Dado que el artículo 49 no pertenece a ninguna de las secciones antecitadas, sino que se integra en el Capítulo Tercero, no es necesario dicho proceso.
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL El artículo 167.3 de la Constitución Española establece que, una vez aprobada por las Cortes Generales una reforma de la Carta Magna, el cambio puede someterse a referéndum "para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. En el Congreso, es necesaria la firma de 35 diputados, mientras que en el Senado el umbral se sitúa en 26 senadores. La suma de los nacionalistas en la Cámara Baja es de 26 parlamentarios, que llegarían a 31 si a ellos se unieran las cinco señorías de Podemos. Alcanzar la cifra de 35 exigiría la implicación de al menos cuatro diputados del Grupo Plurinacional de Sumar, donde se encuentran formaciones como Compromís (3 actas) o la Chunta (1). En el Senado, la suma de nacionalistas vascos, catalanes y BNG es 21. Necesitarían la adhesión de nacionalistas canarios (3), Más Madrid y Compromís.
Fuentes del PSOE confirman que el acuerdo incluye un calendario de tramitación que sitúa el pleno monográfico en enero, con el objetivo de que la reforma sea aprobada definitivamente en los primeros compases del 2024.
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado en rueda de prensa que las últimas conversaciones con el PP han pivotado en torno a los plazos, coincidiendo ambos en la necesidad de que se despache el asunto en enero, tanto en el Congreso como en el Senado. La entrada en vigor de la reforma del artículo 49 se produciría, como en las anteriores reformas constitucionales, el mismo día de la publicación de su texto en el BOE.
Por su parte, el Partido Popular también ha celebrado el acuerdo. “La reforma del artículo 49 de la Constitución Española busca que todas las personas con discapacidad en España se sientan reflejadas en este artículo. Ellas nos pedían impulsar el cambio para hacerlo posible y esperemos que 2024 comience con su aprobación en enero”, ha manifestado la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, a través de su cuenta oficial de Twitter.