QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSPV ha hecho público que el hasta ahora CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, fue la persona que rubricó en nombre del grupo sanitario el contrato de concesión del Hospital del Vinalopó, al que el PP otorgó en 2024 una prórroga “sin realizar ningún tipo de auditoría”.
Al mismo tiempo, la formación socialista ha criticado que en la Comunitat Valenciana “se siga apostando por empresas que deciden aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios de su cuenta de resultados”.
Así lo han expuesto el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, y el portavoz socialista de Sanidad, Rafa Simó, en declaraciones a los medios este viernes en València, pocos días después de conocerse el audio del CEO de Ribera Salud sobre las prácticas en el Hospital de Torrejón, en Madrid, gestionado por este grupo sanitario, en el que se daban instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.
Muñoz ha subrayado que Gallart, “implicado en estas prácticas, fue la persona que firmó en nombre de Ribera Salud” la concesión del departamento de Elx-Crevillent. “No estamos hablando de cualquier persona, sino de la misma persona que tiene unos audios en los que habla que la sanidad privatizada lo que hace es aumentar las listas de espera para que la empresa gane más dinero”, ha remarcado.
El síndic socialista ha recordado que en 2007 Gallart “firma en nombre de Ribera Salud ese contrato con la Generalitat del Partido Popular en la que se le concede la gestión del hospital público, por tanto, pasa a ser un hospital privatizado”. A partir de ahí, ha expresado “las dudas” de si el CEO de Ribera Salud “asciende” en el grupo sanitario “por hacer este tipo de prácticas en otros lugares” y ha mostrado su inquietud por las 155.000 personas que dependen de este departamento de salud.
Ante este escenario, ha reclamado al Consell que explique “qué está ocurriendo” y si lo sucedido en Torrejón es “una práctica habitual también” en el hospital alicantino, que, ha insistido, “debería haber sido revertido a la sanidad en mayo de 2025”, pero fue “prorrogado por Carlos Mazón sin auditoría”, ha denunciado. A su juicio, “el problema no es tanto de Ribera Salud, el problema lo tiene la Generalitat Valenciana, que no está controlando a las empresas privadas de la sanidad”.
Además, ha acusado al Consell de estar “condenando a 155.000 personas que viven en este departamento a ir a un hospital que probablemente tenga peores indicadores y servicios que la sanidad pública valenciana”. En su opinión, “está condenando a un conjunto de ciudadanía valenciana a tener una sanidad privatizada y que, por tanto, su única opción sea la que está en manos de la empresa privada, por tanto, de una empresa privada que busca maximizar su beneficio”.
Reclaman explicaciones y auditoría al Consell
Por este motivo, Muñoz ha exigido que el gobierno valenciano ofrezca explicaciones y “seguridad a la ciudadanía, que ve en estos momentos también con preocupación que pueden estar recibiendo una atención peor que la del resto de los valencianos”. “Tienen que explicar si en el hospital hay listas de espera infladas voluntariamente, si se está produciendo esa reutilización de los instrumentos cardiológicos vitales para la ciudadanía y, por tanto, si ese servicio está siendo como el de Torrejón de Ardoz”, ha señalado.
En su opinión, “a todas luces debería ser así, porque la misma persona que firma el contrato es a la que ayer le pillan diciendo que esa es la manera de hacer negocio para Ribera Salud”, que, ha dicho, tiene “una parte de la responsabilidad, pero la gran responsabilidad es de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Sanidad, que es la que no está controlando adecuadamente esta situación”.
En este contexto, el PSPV se ha adherido a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de reclamar una auditoría, pero en este caso centrada en el Hospital del Vinalopó, y ha reclamado ahora con “más sentido que nunca” la reversión de este centro a la red pública: “Si estuviera gobernando el PSPV, hubiera sido revertido porque caducó la concesión en 2025 y se ha prorrogado de manera automática, sin ningún tipo de auditoría, porque Mazón lo decidió en un momento determinado”.
Según el síndic socialista, todo esto constituye “un escándalo de primera magnitud porque están jugando con la vida de los alicantinos” y, por ello, la ciudadanía tiene “la obligación de exigir respuestas y la Generalitat Valenciana tiene la obligación de contestar, de hacer una auditoría y de revertir un sistema que se demuestra injusto y que afecta a lo más sagrado que existe para la gente, que es su salud”.
Una auditoría “real” y no una “burla”
Por su parte, el portavoz socialista de Sanidad, Rafa Simó, considera evidente “la preocupación de la ciudadanía” atendida en el Hospital del Vinalopó, que “ellos mismos a veces a modo de chascarrillo se autodefinen como clientes”. Ha reivindicado también la labor del Botànic para recuperar para la sanidad pública varios hospitales de la Comunitat Valenciana y ha defendido que ha “llegado el momento de romper con ese mantra falso de que la eficiencia viene de la mano de la privada”.
En este sentido, ha reclamado “una auditoría real, que es una auditoría externa y que no esté hecha en base a los datos de parte que da Ribera Salud”, y ha recordado que los socialistas han solicitado durante la legislatura “todos los informes en los que se ha basado el PP para no revertir este departamento” frente a la “burla que nos transmitieron el año pasado”.
“Aquí la pregunta que nos surge a todos es en qué está pensando el nuevo Consell de Pérez Llorca, que ayer en voz de su portavoz –Miguel– Barrachina dijo que aquí no pasaba nada y que todo hacia adelante, no podemos sentirnos más que indignados porque no sabíamos si estamos escuchando al portavoz del Consell o al portavoz de Ribera Salud, porque enmienda a su propio partido en algo que es de cajón”, ha enfatizado Simó.
Según ha añadido, “si se tiene una información de que el negocio se está poniendo por delante del cuidado de los pacientes, el Consell tendría que, como mínimo, exigirle una explicación a la empresa, a la persona que firmó la concesión del Vinalopó, para que dé explicaciones, ya no solo para el Consell, sino para los pacientes que día a día tienen que ir allí”. “La opacidad y la falta de transparencia es la antesala de la mala gestión y de las corruptelas. Por eso exigimos luz, taquígrafos y reversión”, ha concluido.
