Los tres grupos municipales de la izquierda en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV, Compromís y EU-Podem, han reclamado al alcalde, Luis Barcala (PP), que “se constituya y se convoque de manera inmediata” la comisión no permanente aprobada en el último pleno municipal tras la controversia por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan, unos hechos que el propio primer edil ha llegado a calificar de “escándalo”.
Instantes después de formalizar esta exigencia, las formaciones han precisado que “el equipo de gobierno ha iniciado el trámite para que se designe a los representantes políticos que participarán” en este órgano. Sobre este punto, el vicealcalde, Manuel Villar, ha señalado que el ejecutivo local pretende que la comisión se convoque “lo antes posible”.
En un comunicado difundido este martes, las tres fuerzas han subrayado que el propósito de esta comisión es “esclarecer la polémica adjudicación de viviendas que salpica de lleno a cargos del PP”. “El acuerdo para la creación de esta comisión fue adoptado por el pleno el pasado jueves y, cinco días después, el alcalde sigue sin dar ningún paso para su convocatoria”, han criticado.
El pasado jueves, todos los grupos municipales respaldaron la creación de esta comisión en un pleno extraordinario y monográfico sobre las VPP, en el que la oposición al completo, integrada por PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, reclamó la dimisión de Barcala.
La comisión deberá revisar los procedimientos aplicados y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que ya se hayan licitado o estén pendientes de licitar por el Ayuntamiento o dentro del Plan Vive de la Generalitat Valenciana. Según el consistorio, la previsión es que este órgano se reúna cada 15 días.
“Explicaciones” y exigencia de responsabilidades
En este escenario, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha sostenido que “si tanto rechazo le produce” a Barcala “este escándalo” y “si tan decidido está en poner los medios para esclarecer” los hechos, “ya está tardando en constituir la comisión sin demorar los trámites administrativos previos”.
“Las explicaciones se deben dar en la comisión. El alcalde en el pleno no dio explicaciones y ya sabemos que no le gusta comparecer ante los medios y contestar las preguntas. Debe celebrarse ya la sesión constitutiva de la comisión de investigación que permita a la ciudadanía conocer el alcance de este escándalo protagonizado por el PP, siendo el alcalde el máximo responsable, por lo que seguimos exigiendo que dimita”, ha añadido Barceló.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, considera que Barcala “no tiene decencia política” y “no merece gobernar esta ciudad”, recalcando que Alicante “tiene dignidad” y “quiere estar orgullosa” de su administración local.
En esta línea, ha destacado que los grupos de izquierdas con representación municipal han articulado un “frente común” para “desalojar esta trama corrupta de este Ayuntamiento”.
A su vez, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha asegurado que desde la oposición pretenden averiguar “quién convirtió la vivienda protegida en un privilegio para cargos y familiares”. “Caiga quien caiga vamos a llegar hasta el final, porque la vivienda pública no es un negocio ni un cortijo político”, ha remarcado.
Dimisiones y medidas tras el caso Les Naus
La controversia estalló después de conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal figuran entre los adjudicatarios de VPP.
Como consecuencia, han presentado su dimisión Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien negó tener vinculación “jurídica, patrimonial ni administrativa” con la promoción, pese a que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Paralelamente, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por un visado relacionado con esta promoción, al tratarse del marido de una solicitante que resultó adjudicataria y trabajadora del Ayuntamiento de Alicante, por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.
Respecto a la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala indicó en el pleno extraordinario que “al menos dos familiares estaban también implicados” y avanzó: “Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan”.
El alcalde también comunicó la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa, con el fin de determinar y, en su caso, depurar posibles responsabilidades.